La orden de detención es contra Ana Mora de Ramírez; su esposo, Virgilio Ramírez; su hijo, Óscar Fabián Ramírez Mora; Pedro Claudio Mora y Derlis Fabián Villalba, miembros de un esquema protegido por el clan Fretes, cuyo referente es el exministro Antonio Fretes. El pedido realizado el 2 de marzo último por el fiscal de Ciudad del Este, Juan Daniel Benítez, es en el marco de la investigación abierta sobre la supuesta invasión de inmueble ajeno.
La propiedad afectada está ubicada en el distrito de Paso Yobái (Dpto. de Guairá) y en ella está alojada una valiosa mina de oro. Según los antecedentes, la abogada, valiéndose de la protección otorgada por el exintegrante del Poder Judicial, habría logrado quedarse con el inmueble.
El predio de más de 200 hectáreas había sido adquirido por extranjeros con el fin de explotar la mina sitio. En 2014, ante los problemas por conflictos con buscadores de oro locales, los inversores extranjeros acudieron a la intermediación del entonces viceministro de Minas, Emilio Buongermini, quien contactó a los inversores con alguien de peso en el gobierno: Eduardo Heisecke Mazó.
Heisecke Mazó presentó a los extranjeros con los abogados Ana Mora, el hijo de esta, Óscar Fabián Ramírez Mora, y con el exsíndico de Quiebras Blas Velázquez Fernández, según una denuncia presentada por los extranjeros ante la Embajada de los Estados Unidos.
Un año después de comenzar el conflicto ya se había armado una maraña judicial y Mora consiguió que la esposa de Velázquez, la jueza Clara Isasi, le otorgara regulación de honorarios por US$ 2 millones.
Finalmente, en 2016 los inversionistas tuvieron que firmar un contrato por el cual cedían durante cinco años la explotación de Minas Paraguay a Mora y a su hijo.
Fue así que el 3 de noviembre de 2016 se firmó un contrato de prestación de servicios entre las firmas Fair Trade Acquisitions Corp y Minas Paraguay SA por una parte, y por la otra, la firma Itapoty. Itapoty SA es propiedad del imputado diputado colorado oficialista Éver Noguera, originario de Guairá.
El 60% de lo explotado debía ser para Itapoty SA y el 40% debía ser para Fair Trade Acquisitions Corp. Solo que ese monto debía ser entregado íntegramente a Ana Mora y Óscar Ramírez Mora hasta cubrir los dos millones de dólares que exigían.
No contentos con este contrato, Mora y su hijo obligaron a los extranjeros a firmar una hipoteca sobre todo el inmueble de la mina, con base en lo cual se produciría una nueva parte de la pesadilla.
Itapoty supuestamente explotaría la mina, cosa que nunca cumplió. Y con ese incumplimiento, Mora y Ramírez iniciaron un juicio de ejecución hipotecaria contra los inversionistas extranjeros, proceso en el que perdieron en primera instancia.
Mientras trababan la sentencia en segunda instancia de la ejecución hipotecaria, Mora y Ramírez Mora invadieron los inmuebles que conforman Minas Paraguay en Paso Yobái.
La abogada y su hijo llegaron incluso a amenazar a una comitiva encabezada por la fiscala María Unger, quien atendía originalmente la denuncia por invasión de inmuebles. Fue durante un primer allanamiento realizado ya el año pasado.