Los colorados habían blindado a su correligionario Gustavo Penayo al menos hasta luego de las elecciones generales de este domingo, pese a que el proceso de conformación de la comisión es de mero trámite.
Con la dilación, lo que pretendían es que no corra el plazo, ya que la ley establece que la comisión tendrá 15 días para citar a las partes, analizar las pruebas y descargos y dictaminar si corresponde la intervención.
En el caso de prosperar, el Ejecutivo deberá designar a un interventor, que tendrá 90 días para emitir un informe, con el cual la Cámara Baja deberá resolver si destituye o no al intendente.
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Pese a que no figura en el orden del día, se espera que los colorados retruquen con el pedido de integración de la comisión especial para el caso de la intendencia de Loma Grande, administrada por el intendente Juan Vera Benítez (PLRA). También se esperan novedades sobre la comuna de Puerto Casado, a cargo de Hilario Adorno (ANR, oficialista).
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