Diputados vuelven a tratar millonario pago a exconscriptos del golpe de 1989

La mesa directiva de la Cámara de Diputados estableció ayer el orden del día de la sesión ordinaria fijada para mañana a las 08:30, con 31 puntos, entre los que se priorizaron varios temas con inminente sanción automática y también varios con millonaria afectación presupuestaria para el Estado por un total estimado de US$ 48 millones.

La raboneada de la semana pasada, donde no hubo sesión semanal por falta de quórum, obligó a sobrecargar la agenda de temas a ser tratados esta semana, ubicando en el 9º punto el veto del Ejecutivo al “que establece un régimen de indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio durante la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989″.

Esta iniciativa plantea una erogación estimada (ya que no hay censo preciso y actualizado) de G. 104.224.084.750 (más de US$ 14,1 millones) a ser repartida entre unos 1.417 potenciales beneficiarios.

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El proyecto vuelve al Congreso luego del veto total del Ejecutivo, que alegó la falta de recursos para cubrir este millonario monto en el caso de ser promulgado, además de que quebrantaría la Ley de Responsabilidad Fiscal.

También hace énfasis en cuestionar que el proyecto legislativo carece de un censo actualizado y fiscalizado de posibles beneficiarios.

En su argumento, el Ejecutivo también agrega que justamente por la falta de recursos, hasta el año pasado unos adeudaban unos G. 327.821.357.439 (US$ 44,4 millones) en concepto de reparación económica a víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (ANR).

En Cámara Baja se requieren 41 votos para levantar el veto del Ejecutivo, y en el caso de prosperar, la última palabra tendrá el Senado.

De no ser tratado este miércoles, aún le queda tiempo, ya que tiene sanción automática el 26 de junio próximo.

Millones para “emergencia” que ya pasó

Otra millonaria iniciativa con tufo a “repartija” aprobada a las apuradas antes de las elecciones generales de abril pasado y que será tratada este miércoles es el proyecto de ley “que declara en situación de emergencia a los departamentos Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay”.

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Este proyecto incluido como primer punto plantea repartir a discreción entre estas administraciones departamentales hasta G. 35.000 millones (US$ 4,7 millones) para supuestamente asistir a familias afectadas por la “emergencia” por inundaciones que afectaron a la población a inicios de año.

En el caso de levantarse el veto del Ejecutivo, estos recursos serán entregados de manera totalmente extemporánea, ya que la situación no es la misma que cuando se sancionó.

En este caso, el Ejecutivo optó por un “veto parcial”, aunque en realidad solo deja como parte no objetada la parte declarativa, anulando los artículos que refieren a la entrega de los fondos, con el argumento de que se establecen como fuente de financiamiento recursos propios del Tesoro (Fuente 10), que en realidad ya están totalmente comprometidos para este ejercicio fiscal 2023.

Igualmente, figura para su análisis como séptimo punto la propuesta de préstamos por US$ 30 millones firmado entre la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuenta con media sanción del Senado y será usado para programas de “acceso a financiamiento para inversiones del sector agropecuario en el Paraguay”. Habrá que ver qué postura asume la mayoría colorada, atendiendo a que existe un pedido del presidente electo Santiago Peña de frenar iniciativas que afecten el presupuesto.

Aumento de pensiones graciables

Ante la inminente sanción ficta, entre los primeros puntos para la sesión de mañana también se agregó una serie de pedidos de ampliación de pensiones graciables. Se trata de los casos de Blas Adolfo Alcaraz Núñez (artista de teatro), Felipe Ortiz Alvarenga (locutor) y Catalino Antonio Gill (músico folclorista), para quienes se solicita el tratamiento de estos casos, atendiendo a que tienen sanción ficta el próximo 12 de junio.

También corre riesgo de sanción automática (pero sin mayor controversia) el convenio para que Chile y nuestro país reconozcan los registros de conducir.