Ante indignación, varios diputados retiran firma de proyecto para volver a tener vales de combustible

Cuatro de los siete diputados impulsores retiraron sus firmas del proyecto que buscaba dejar sin efecto la Ley N° 6954/22, la cual todavía prohíbe los vales de combustibles para autoridades y funcionarios de los tres poderes, organismos y entidades del Estado. Uno de ellos alegó que fue un error de su “inexperiencia” y colegas “mal intencionados”. Cada legislador gana G. 32 millones.

Diputados opositores. Diputado Raul BenitezFERNANDO ROMERO
audima

Retiraron sus firmas los diputados por Alto Paraná y representantes del supuesto cambio esteño Walter García (Yo Creo) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo). También retrocedieron los liberales Diosnel Aguilera (Ñeembucú) y Constancia Benítez (Guairá).

Sin embargo, siguen como proyectistas los liberales Cleto Giménez (Canindeyú), Alejo Ríos (Caaguazú) y Arnaldo Agustín Valdez (Misiones).

“Me pasó antes, muchas veces! Y me puede volver a pasar. Como todo ser humano. ME EQUIVOQUÉ! En mis primeros días como diputado junto con unos 7 colegas de departamentos más lejanos, firmamos una nota ‘Solicitando nos asignen VALE P/ COMBUSTIBLE’”, señaló en Facebook el Dr. Guillermo Rodríguez Duré (Yo Creo).

“HOY mismo me toca ENMENDAR este ERROR, retirando mi firma! Y comprometiéndome a NO acompañar hoy ni en un futuro, este ni NINGÚN TIPO DE BENEFICIO ADICIONAL para nosotros los parlamentarios”, remarcó.

Rodríguez agregó “ME EQUIVOQUÉ! Y reconozco. Mi inexperiencia, sumando a la mala intención de algunos colegas mal intencionados nos hizo tropezar. Solo agradezco me pase ahora en mis primeros días y NO más adelante”, finalizó.

Guillermo Rodriguez Duré

El proyecto

Los parlamentarios proponen modificar la Ley 6954 del 2022 que prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado (OEE). Esto incluye las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, en todas sus modalidades y de forma permanente.

Los legisladores proponen agregar al primer artículo “a excepción de las autoridades electas a nivel nacional”. Esto deja abierta la posibilidad de incluir a los 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 257 concejales departamentales.

En su justificación, sostienen que los congresistas deben viajar hasta Asunción, debiendo afrontar los gastos que dichos traslados realizan los mismos de su propio peculio.