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Luego de denuncias por presuntas irregularidades, entre ellas declaración falsa del oferente adjudicado, la Dirección Nacional de Declaraciones Públicas (DNCP) resolvió suspender el contrato del llamado a licitación del seguro médico VIP por más de G. 68.000 millones para funcionarios del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el portal de la DNCP, el llamado con ID 43.1067 fue adjudicado al Consorcio SC IV, conformado por las empresas Cardioteq SA y Samaja SA, representado en este llamado por Óscar Valenzuela, Roxana Pino Rodríguez y Mirtha Rodríguez.
Si tomamos como referencia los oferentes que se presentaron en este llamado a licitación, el Consorcio SC IV no presentó precisamente la mejor oferta, pese a esto fue adjudicado, según la resolución Nº 160 del 21 de septiembre pasado, que tiene la firma del ministro Ángel Ramón Barchini y del secretario general, José María Sosa Duarte.
La oferta más baja fue presentada por Docto SRL con un precio unitario de G. 860.000, mientras que la segunda mejor oferta fue la que presentó Odontomedica SA con un precio unitario de G. 867.950.
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Seguro médico vip: pidieron que se investigue una declaración falsa
“Se solicita a la DNCP se investigue la licitación debido a que el Consorcio SC IV presentó declaración falsa, dentro de la carpeta original de ofertas”, reza una de la denuncias que se presentó en el proceso.
Más abajo también hace referencia a una prueba documental donde resalta que la firma Samaja SA se encuentra en Mora con el Sanatorio Christian de San Lorenzo, desde marzo hasta septiembre por más de G. 517 millones y otra mora con el Sanatorio Americano por más de G. 140 millones.
Habla en otro punto de una supuesta falsificación de los documentos de las otras firmas oferentes que se presentaron.
En otra parte de la denuncia, resalta que la firma Samaja SA cuenta con sanciones impuestas por parte de la DNCP en el marco de sumarios administrativos.
Si comparamos con otros llamados de otras entidades públicas, este proceso toma relevancia. Por ejemplo, en el 2020 el Ministerio de Hacienda adjudicó el mismo servicio a Santa Clara Médica prepaga por G. 33.099.225.000, casi la mitad del lo que prevé adjudicar el Ministerio de Justicia que alcanza los G. 68.894.750.000.
“Con la conducta adoptada por la firma ha producido o un quebrantamiento del ordenamiento positivo, verificándose lo existencia de un actor que atenta contra los principios que rigen las Contrataciones Públicas, específicamente la buena fe que constituye la regla a la que deben ajustarse todas las personas en las diferentes fases de sus respectivas relaciones jurídicos”, señala.
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Indicios de irregularidades
El análisis final de la investigación de oficio de Contrataciones Públicas, alega que se presentan “indicios de irregularidades en el procedimiento de licitación en cuestión que, de no subsanarse, podrían ocasionar un daño mayor al Estado, por lo que considera oportuno actuar de acuerdo a la facultad conferida en el Art. 82 de la Ley Nº 2051/03 y en tal sentido suspender el procedimiento licitatorio”.
Cardioteq
Muy por el contrario a Samaja SA, que tiene numerosos contratos con entidades del Estado, la firma Cardioteq representada por Mirtha Rodríguez, no aparece en los registro de Contrataciones Públicas en ningún llamado.
Los antecedentes
La primera denuncia contra este llamado, se había presentado el 4 de agosto y señala lo siguiente.
“Por este intermedio, denunciamos formalmente la existencia de un sutil solapado direccionamiento del presente llamado por parte de la convocante a fin de que, una vez más, solamente pueda adjudicarse este llamado a favor de la empresa que viene prestando el servicio desde hace varios años. Si bien inicialmente podría existir otra eventual empresa que cumpla, esto no ocurre, en vista a que las otras empresas que podrían cumplir no se presentan o simplemente se presentan para dar blindaje, en vista a que existe un acuerdo de reparto de los contratos con instituciones del Estado”.
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La denunciante tomó como ejemplo lo que pasó en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la DNCP ordenó a la previsional modificar su PBC por un presunto direccionamiento en un llamado para el servicio de limpieza.
Al cierre de esta edición intentamos tener la versión del ministro de Justicia, pero al momento que realizamos las llamadas, en varias oportunidades, no tuvimos retorno.