El gobierno de Santiago Peña lleva adjudicados unos G. 170.231 millones (U$S 23,2 millones) en diferentes instituciones del Estado para el seguro médico de sus funcionarios. Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores elimina importantes oficinas diplomáticas como la embajada en Canadá, con la excusa de una reestructuración que servirá para “ahorrar”.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, aseguró en conferencia de prensa esta mañana que aguarda el dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por el que se dictaminó la suspensión de un contrato de seguro médico para los funcionarios de la cartera de G. 68.000 millones, por presuntas irregularidades. Además, afirmó que dicha licitación se inició durante la administración anterior.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió suspender el millonario contrato por más de G. 68.000 millones del Ministerio de Justicia por el servicio de seguro médico por presuntas irregularidades en el proceso. Ángel Barchini pretendía adjudicar el millonario proceso al Consorcio SC IV, que presentó una de las ofertas más caras.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) hizo lugar al recurso de reconsideración solicitado por el Ministerio de Economía dentro del proceso de licitación para la contratación de un seguro médico vip, pero rechazó el recurso presentado por el Consorcio Salud SD.
Ayer se realizó en la Cámara de Diputados una mesa de trabajo con representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios para analizar eventuales reformas a las leyes actuales o reglamentar aspectos pendientes a fin de garantizar mejores condiciones para los voluntarios.
El planteamiento de reabrir la “Dirección Médica” de la Cámara de Diputado, cerrada en 2019 luego de que se comprobara que en realidad era un “mini hospital” utilizado para ubicar a “planilleros”, genera temor. Esto reconoció la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), que además recordó que la Cámara Baja paga millones en concepto de seguro médico.