El constructor fue uno de los diez acusados por supuesta lesión de confianza por el presunto daño patrimonial que sufrió la municipalidad sampedrana por G. 2.269 millones durante la gestión 2021-2022 de Gustavo Rodríguez (ANR-HC).
El ex jefe comunal está acusado y se vio obligado a renunciar en el cargo antes de ser destituido por Diputados en marzo del 2023.
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Según se comprobó durante el proceso judicial, el contratista generó un perjuicio de G. 247.348.772 al no cumplir con las condiciones específicas estipuladas en los contratos firmados con el intendente cartista.
Según los datos, hubo obras que cobró completamente, pero que nunca las ejecutó, es decir hubo obras fantasmas durante la gestión de Rodríguez.
Entre las condiciones impuestas por el Juzgado para que el contratista sea beneficiado con la suspensión de la ejecución de su condena, se estableció que debe pagar a la Municipalidad la suma de G. 247.348.772 en 36 cuotas mensuales de G. 6.870.799.
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Según la resolución judicial el dinero que recupere la Municipalidad de San Pedro, ahora a cargo del cuestionado intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC), debe ser reinvertido en la educación con control del Ministerio de Educación y Cultura.
Rodríguez está chicaneando su proceso para evitar subir al banquillo de los acusados, junto a otros ex funcionarios municipales.