El pasado 17 de diciembre, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) adjudicó un millonario contrato por US$ 22 millones a la empresa estadounidense Securiport Limited Liability Company (LLC), para implementar un sistema tecnológico de control y vigilancia en aeropuertos y fronteras. El proceso fue desarrollado con fuerte sigilo y concretado en solo seis días desde su revelación pública.
El director del ente, Jorge Kronawetter, justificó el proceder por ser considerado un asunto de “seguridad de Estado”.
Sospechosa reunión
El 29 de mayo del 2024, un año y medio antes de adjudicar el millonario contrato desde las redes sociales de la Presidencia de la República del Paraguay, revelaban una reunión, por fuera de la agenda oficial, entre el director ejecutivo de Securiport LLC, Enrique Segura, y el presidente de la República, Santiago Peña.
“El presidente Santiago Peña recibió a Enrique Segura, CEO de Securiport, para conversar del potencial del Paraguay y las oportunidades de inversión en el país”, decía el posteo.
En la foto publicada aparecen reunidos también Jorge Kronawetter, director de la DNM; ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic)Gustavo Villate, titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), y Enrique Riera, titular del Ministerio del Interior.
Avances tras reunión
El 5 de noviembre de 2024, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y un Acuerdo Específico N° 2/2025, para el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de control migratorio.
Lea más: Migraciones adjudicó contrato por 22 millones de dólares con secretismo
Días después de esto, el 19 de noviembre de 2024, Securiport LLC fue inscripta como proveedora extranjera en el Registro de Proveedores del Estado de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), consiguiendo su activación formal el 2 de diciembre de ese año.
En el registro, realizado tan solo cinco meses después de la reunión con Santiago Peña, aparecen como representantes legales Antonio Enrique Segura y Federico Sánchez.
El 29 de abril de 2025, la Asesoría Jurídica de la DNM emitió el Dictamen N° 88/2025, donde solicitaban un parecer sobre el borrador de Decreto presidencial con el que buscaban legalizar el llamado dirigido.
El 8 de julio de 2025, Peña firmó el primer decreto que aprobó el Plan. El 26 de noviembre firmó otro, donde resolvió la fuente de financiamiento y, el 27 de noviembre, firmó el último con el que autorizó a la DNM a utilizar la vía de la excepción y prescindir de la publicidad total de las bases y especificaciones técnicas para “resguardar” la confidencialidad del sistema.
En comunicación con ABC, Kronawetter justificó la reunión diciendo que “varias empresas vinieron a reunirse” y que incluso otras ofertas “eran mucho más caras”.
Sin embargo, tras la consulta, no quiso mencionar los nombres de las otras empresas referidas.