A tambor batiente para tratar unos temas y relajados para otros, el oficialismo “olvidó” estudiar en tiempo ordinario la declaración de emergencia penitenciaria, que estuvo vigente por 365 días y feneció el 31 de diciembre pasado sin que el Congreso haya aprobado a tiempo su renovación.
El proyecto figura en el orden del día de la sesión del martes, prevista inicialmente para las 10:00, junto con los proyectos de ley de reforma de la Caja Fiscal y la Caja Parlamentaria.
Sin embargo, ahora, en pleno receso parlamentario, los mismos legisladores del sector cartista impulsan el tratamiento urgente de un proyecto que no solo extiende la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, sino que además otorga amplias facultades al Ministerio de Justicia, especialmente en materia de contratación de personal y manejo de recursos, en un año electoral.
El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 2025 y fue tratado en la última sesión, el 16 de diciembre, antes del cierre del periodo ordinario. El documento llegó al Senado recién el 17 de diciembre, último día hábil de sesiones de la Cámara Alta.
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Pese a ello, la emergencia penitenciaria vigente -promulgada el 19 de diciembre de 2024- tenía un plazo de 365 días, que concluyó el 31 de diciembre pasado, dejando al sistema penitenciario sin cobertura legal de emergencia durante varias semanas.
No es la primera vez que los parlamentarios oficialistas incurren en este tipo de “olvidos” legislativos, especialmente en normas que otorgan facultades excepcionales al Poder Ejecutivo.
Las facultades autorizadas al Ministerio de Justicia
El nuevo proyecto plantea declarar en emergencia todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores, hasta el 31 de diciembre de 2026, en año en que se disputan los cargos electorales.
Uno de los puntos más sensibles es la autorización expresa para realizar contrataciones de personal por vía de excepción, dejando de lado los procedimientos establecidos en la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil.
Según el texto, el Ministerio de Justicia queda habilitado para contratar personal penitenciario de manera inmediata, cubrir vacancias críticas sin concursos regulares e incorporar personal especializado en seguridad, inteligencia y tecnología. Todo ello bajo el argumento de la urgencia operativa, pero sin los controles ordinarios que rigen en tiempos normales.
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La iniciativa también autoriza al Ministerio de Justicia a gestionar recursos presupuestarios para obras de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos de seguridad, la adquisición de alimentos, así como realizar “otras erogaciones de emergencia”.
Además, encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas a dar atención preferencial y prioritaria a todos los pedidos de transferencia de créditos presupuestarios realizados por Justicia.
Este esquema concentra decisiones clave en el Ejecutivo, reduciendo los márgenes de control político y administrativo, en un contexto de alta sensibilidad institucional.
Custodia de las Fuerzas Públicas
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo de 15 días, un Plan de Seguridad Penitenciaria con participación directa de las Fuerzas Públicas (Policía y Fuerzas Armadas), con objetivos como:
- Fortalecer la seguridad interna de las cárceles
- Reforzar la inteligencia penitenciaria
- Reducir riesgos de fugas y hechos vinculados al crimen organizado
La propuesta deroga además la Ley Nº 7238/2023, con el argumento de evitar superposición normativa, concentrando todo el marco legal de la emergencia en una sola ley.
La exposición de motivos hace un repaso exhaustivo del colapso estructural del sistema penitenciario, la sobrepoblación, con casi el 70% de internos sin condena firme, la falta de personal penitenciario y el impacto del crimen organizado.
También destaca operativos como Veneratio y Umbral, así como traslados y cierres de establecimientos, presentados como logros de gestión. Sin embargo, el documento no explica por qué el Congreso permitió que la emergencia venciera, ni asume responsabilidades políticas por la omisión legislativa.
La iniciativa fue presentada por diputados cartistas y aliados, entre ellos:
- Yamil Esgaib
- Raúl Latorre
- Rocío Abed
- Rodrigo Gamarra
- María Fabiana Souto
- Miguel Ángel del Puerto
- Hugo Meza (ANR – B)
- Marcelo Salinas (PLRA)