La organización concluye que, lejos de promover la transparencia, estas legislaciones “contribuyen al cierre del espacio cívico y consolidan prácticas autoritarias”, en un contexto que también incluye cuestionamientos a la denominada “ley garrote” en Paraguay, ya impugnada por la organización ante instancias judiciales.
El informe analiza lo ocurrido entre 2024 y 2025 en países como Paraguay, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela, donde se aprobaron o reformaron marcos legales que imponen mayores controles sobre las ONG.
Según explicó la directora para las Américas, Ana Piquer, se trata de un patrón que se repite en la región.
“Lo que estamos viendo es un preocupante patrón regional (…) que busca silenciar las voces críticas y consolidar el poder”, afirmó.
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De acuerdo con el análisis, la aprobación de estas leyes estuvo precedida por campañas de estigmatización contra organizaciones sociales, a las que se señaló como “enemigos internos”, “agentes extranjeros” o “antipatrias”.
El informe también cuestiona que las normativas hayan sido impulsadas sin procesos adecuados de consulta pública, con trámites legislativos rápidos y sin evidencia que justifique su necesidad.
En nuestro país, incluso se documentaron expresiones discriminatorias, generando un clima de intimidación y autocensura.
Más controles y sanciones
Amnistía advierte que las leyes incluyen disposiciones que permiten un mayor control estatal sobre las organizaciones, como:
- Registros obligatorios sujetos a aprobación
- Exigencias administrativas reiterativas
- Restricciones al acceso a financiamiento
Además, incorporan definiciones amplias y ambiguas, lo que habilita interpretaciones discrecionales. En varios casos, las sanciones contempladas incluyen multas, congelamiento de cuentas y cancelación de personerías jurídicas.
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El informe sostiene que el efecto de estas medidas trasciende a las propias organizaciones, ya que afectan directamente a las comunidades que dependen de su labor.
Las ONG cumplen funciones clave en la defensa de derechos humanos, el acompañamiento a víctimas, la asistencia social y el monitoreo institucional.
En ese sentido, la directora de Amnistía en Paraguay, Rosalía Vega, advirtió: “Cuando se debilita la sociedad civil, las comunidades pierden apoyo, representación y mecanismos para exigir justicia”.
Otro de los puntos señalados es la obligación de revelar información sensible sobre donantes, beneficiarios y personal, lo que podría exponer a personas defensoras y grupos vulnerables a situaciones de riesgo.
Asimismo, la organización advierte sobre un proceso de criminalización de la labor social, en un contexto de creciente hostilidad hacia quienes defienden derechos humanos.
Llamado a revertir la situación
Amnistía Internacional concluye que estas normativas no cumplen con estándares internacionales y exhorta a los Estados a revisar su implementación.
Entre sus recomendaciones, pide:
- Derogar o modificar las leyes restrictivas
- Garantizar la libertad de asociación
- Evitar discursos estigmatizantes
- Facilitar el acceso a financiamiento
El informe cierra con una advertencia clara sobre el impacto democrático de estas medidas.
“Proteger el derecho a organizarse es proteger el corazón mismo de los derechos humanos”, concluyó Ana Piquer.