23 de julio de 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que fijó los procedimientos, formularios y plazos para las comunicaciones y rendiciones de cuentas a través del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (Siara).

Por medio de sus redes sociales, el presidente Santiago Peña anunció la promulgación de la ley contra las ONG, conocida como la “Ley Garrote”, que busca perseguir y amedrentar a aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas contrarios a la agenda estatal o cuyos directores son considerados “enemigos del Gobierno”. En nada importó al presidente Peña las sendas recomendaciones de expertos en materia constitucional que ya avizoraban las graves violaciones de esta ley a derechos y libertades fundamentales; tampoco importaron las cartas remitidas por las Relatorías de organismos internacionales sobre los peligros que implica esta ley para la vigencia de derechos como la libertad de asociación, la privacidad, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, entre otros. Se observa en ella un cúmulo perfecto de violaciones constitucionales, y viniendo de Santiago Peña no era de esperar una postura valiente en contra de las mismas; no obstante, no deja de causar decepción.

El senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista), actualmente en ejercicio de la presidencia del Senado dijo que no remitirá al Poder Ejecutivo, hasta que llegue el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) de su viaje a Taiwán, el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, norma que fue sancionada el pasado 9 de octubre, hace casi un mes.
Fuentes diversas, pero todas del cartismo, coinciden en pronosticar que el presidente Santi Peña interpondrá un veto parcial a la ley de transparencia de las organizaciones no gubernamentales/organizaciones sin fines de lucro (ONG/OSFL) y el mismo Santi abonó la versión diciendo que pidió a sus colaboradores que estudien alguna posible inconstitucionalidad en su texto.

Especialistas coinciden en que la divulgación de unas planillas de pagos por parte de la Comisión Garrote es anticonstitucional porque “el patrimonio documental de las personas es inviolable”. Insisten en que con el audio del “oenegero transparente” Gustavo Leite, la intención es desprestigiar a un sector de la sociedad civil que no se alinea al cartismo.

El senador cartista Gustavo Leite, quien se autoproclamó “oenegero transparente” solo por ser pillado y obligado a admitir su vínculo con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, tampoco declaró ante la Contraloría dicho vínculo. Leite presentó su Declaración Jurada de Intereses -antes de que cartistas bastardearan la Ley contra conflicto de intereses-, donde omitió el dato.