21 de abril de 2026

La organización Amnistía Internacional alertó sobre un avance regional de normativas que restringen el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, durante la presentación de su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”.
Fuentes diversas, pero todas del cartismo, coinciden en pronosticar que el presidente Santi Peña interpondrá un veto parcial a la ley de transparencia de las organizaciones no gubernamentales/organizaciones sin fines de lucro (ONG/OSFL) y el mismo Santi abonó la versión diciendo que pidió a sus colaboradores que estudien alguna posible inconstitucionalidad en su texto.

Especialistas coinciden en que la divulgación de unas planillas de pagos por parte de la Comisión Garrote es anticonstitucional porque “el patrimonio documental de las personas es inviolable”. Insisten en que con el audio del “oenegero transparente” Gustavo Leite, la intención es desprestigiar a un sector de la sociedad civil que no se alinea al cartismo.

El senador cartista Gustavo Leite, quien se autoproclamó “oenegero transparente” solo por ser pillado y obligado a admitir su vínculo con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, tampoco declaró ante la Contraloría dicho vínculo. Leite presentó su Declaración Jurada de Intereses -antes de que cartistas bastardearan la Ley contra conflicto de intereses-, donde omitió el dato.

Opositores exigen frenar la escalada de abusos del gobierno. La senadora Esperanza Martínez (FG) apuntó la ironía de que la comisión “garrote” persigue a ciudadanos, mientras el cartista Gustavo Leite admitió que su ONG recibía plata de Tabesa, firma señalada por supuesto lavado.

La Asociación Civil Cenáculo del Paraguay, presidida por Paola Serrati de Leite –esposa del senador cartista e integrante de la CBI Gustavo Leite– figura como inactiva en la página de consultas de sujeto obligado y auditor externo de la Seprelad. Según el Art. 2 de la Ley 3783/2009, que modifica la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, tiene que estar inscripta y activa –en caso de funcionamiento– como OSFL para evitar ser canal de hechos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Esta ONG recibió millonarios aportes de Itaipú y Tabesa, esta última sancionada por EE.UU.