La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), quien está acusada por lesión de confianza junto con su suegra Blanca Álvarez y otras doce personas por supuestamente desviar dinero de la municipalidad para construir su vivienda en Asunción, intentó nuevamente ser precandidata a intendenta, pese a que está culminando su segundo periodo con múltiples irregularidades.
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Para perpetuarse en el cargo, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal, teniendo en cuenta que ya estuvo dos periodos en el cargo, pero pretendía seguir con la excusa que en el primer periodo solo completó el periodo dejado por su esposo, Esteban Samaniego, al ser electo diputado.
Sin embargo, como no obtuvo una respuesta de la Corte y el plazo legal que puso el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para sustituir las candidaturas feneció el 20 de abril pasado, se tuvo que conformar con ser candidata a concejal de manos del cartismo.
Consultado al respecto, el asesor de la Justicia Electoral Luis Alberto Mauro indicó que un intendente en funciones se puede candidatar a concejal sin inconvenientes legales, con la única condición de que debe renunciar a su cargo 3 meses antes de las elecciones municipales pactadas para el 4 de octubre.
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En tanto que si Patricia Corvalán llega a ganar una banca en la Junta Municipal, podría estar en la línea de sucesión y llegar a ser nuevamente intendenta, Luis Alberto Mauro indicó que no.
“Como concejal, si preside el cuerpo legislativo y se produce la vacancia de intendente, no podrá asumir el cargo porque es inhábil para dicho cargo. Los concejales tendrán que elegir otro concejal para que ocupe la intendencia”, sostuvo el asesor de la Justicia Electoral.
Audiencia preliminar
Patricia Corvalán también recientemente tuvo otro revés judicial en su caso por lesión de confianza y pese a las innumerables chicanas que presentó para dilatar su audiencia con el juez Penal de Garantías Humberto Otazú, la Justicia rechazó todas y dio vía libre al Juzgado para fijar nueva fecha.
Con esto, indefectiblemente, Patricia Corvalán; la madre del parlamentario, Blanca Álvarez, y otras doce personas deben concurrir ante el juez que deberá decidir si van o no al banquillo de los acusados.
La presunta tragada de G. 1.108 millones se realizó durante la gestión municipal del ahora diputado Esteban Samaniego, pero debido a sus fueros parlamentarios la causa no avanza en su caso.