Numerosas instituciones públicas y privadas fueron invitadas esta mañana para participar de la Audiencia pública en Cámara de Diputados por la “Ley de Ciberseguridad en el Paraguay”, pero la mayoría terminó absteniéndose, ya que sus análisis lo realizaron en base a una versión anterior del proyecto al que les presentaron hoy al llegar a la audiencia.
El primer hecho llamativo es que si bien la convocatoria fue hecha por la Comisión de Ciencias y Tecnologías de la Cámara Baja, fue mayormente dirigida por la rectora de la Universidad Metropolitana de Asunción (privada), María Liz García de Arnold.
Es cuanto menos inusual que una institución educativa privada encabece un tema como es la creación de una ley rectora sobre la Ciberseguridad a nivel nacional, pero lo que finalmente frustró el debate fue que se introdujeron radicales cambios al proyecto de ley base, lo que hizo que todos los análisis previos de las instituciones afectadas terminen en la basura.
Esto fue advertido tanto por representantes de instituciones públicas como por el jefe de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía, comisario Diosnel Alarcón, el referente civil en materia de ciberseguridad, Miguel Angel Gaspar, representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y legisladores presentes como los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Raúl Benítez (Independiente) y Alexandra Zena (Cruzada Nacional).
No obstante, varios de los presentes adelantaron su preocupación por lo amplio y abarcativo que pretende ser el proyecto, que va desde la ciberseguridad, ciberinteligencia hasta la regulación de la nanotecnología y la inteligencia artificial.
Entre otros, la Asoban, presentada por Liz Cramer, cedió la exposición de su parecer técnico en general a Lucas Lagrave, coordinador del Comité de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de Paraguay, que aglutina a 14 de los 19 bancos del país.
“Si bien valoramos el esfuerzo de confeccionar esta ley, también estamos evaluando y vemos dentro de este proyecto que la misma requiere una mejor articulación y determinación de ciertas precisiones a nivel de conceptos, a nivel de involucramientos, donde buscamos evitar las superposiciones de competencias y obligaciones para garantizar la regulación proporcional y efectiva de todos”, sostuvo Lagrave.
El mismo citó una serie de áreas grises en este proyecto, que van desde la homologación de equipos informáticos hasta principalmente la afectación al sector financiero, que se rige además por otras leyes específicas, como por ejemplo la Ley de Bancos y otras reguladas y aplicadas por el Banco Central de Paraguay y la Superintendencia de Bancos.
Ante todas las dudas, fueron de los primeros en plantear que no es suficiente un debate poco profundo en una audiencia pública, sino que se requiere la creación de una mesa donde el debate sea fundamentalmente técnico.
“Creemos importante que se generen espacios de conversación y debate, sea el producto de mesas de trabajo con equipos especializados, involucrando sectores públicos, privados, y sectores de interés también, que sea el producto de conversaciones previas a nivel técnico, legislativo y legal para evitar superposiciones”, planteó Lagrave.
Mesa de trabajo, pero que se respete el criterio técnico piden diputados
Ante esto, los diputados Rocío Vallejo y Raúl Benítez plantearon concretamente establecer una mesa de trabajo para analizar los ajustes para este proyecto de ley, con el pedido especial de que ese trabajo sea respetado, y no como hizo la mayoría cartista cuando se trató la Ley de Protección de Datos Personales, que tiró por la borda 2 años de debate para imponer una versión que llegó el mismo día de su tratamiento a Diputados.
“Tenemos que conformar una mesa de trabajo donde exista una conjunción de todas las posturas, pero no solamente eso, pues estoy hablando con otras personas también ya que hay leyes que están por fuera, que deben ser analizadas también a fin de poder tener una interpretación sistemática de todas las normas al momento de aplicar esto”, planteó Vallejo que recientemente fue víctima de ciberdelincuentes.
Fue Benítez quién reclamó en base a la mala experiencia de la Ley de Datos Personales, donde “pedimos 2 a 3 años por ahí la respuesta del MITIC y después en una sesión apareció la respuesta y se aprobó lo que apareció en ese momento en la sesión en 5 a 10 minutos de análisis”.
Ante esto, el diputado enfatizó en su pedido concreto a los diputados cartistas presentes en la audiencia, que fueron Germán Solinger y José Rodríguez, de que se respete el debate técnico.
“Según la experiencia que ya vivimos nosotros, lo que solicitamos es que el MITIC nos envíe con tiempo, con forma y con debate en una mesa con técnicos. No le hagamos perder el tiempo a toda esta gente, sino que nos sentemos y saquemos una ley que sirva, que funcione y que lo que salga de esa mesa se respete”, apeló finalmente.
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