La imputación contra Eddie Ramón Jara Rojas se sustenta en varios movimientos crediticios, transacciones y hasta vínculos con contratos de Petróleos Paraguayos (Petropar). No obstante, gran parte de la investigación gira en torno a millonarias “cuentas a cobrar” que el expresidente de la estatal declaró ante la Contraloría General de la República (CGR).
Por ejemplo, en su declaración jurada presentada en 2023, Jara consignó una cuenta por cobrar de G. 2.800 millones a Edith Marilín Ayala de Macchi. Según la explicación incorporada a la documentación analizada por la Fiscalía, el dinero habría sido entregado el 10 de junio de ese año.
El monto estaba compuesto por US$ 140.000, equivalentes a G. 1.036 millones según los valores consignados en el documento, y otros G. 1.764 millones. Ambos importes habrían sido entregados en efectivo, resalta el Ministerio Público.
La Fiscalía resalta incluso que Jara “habría recurrido a préstamos personales costosos mientras, en paralelo, prestaba una suma varias veces mayor a Ayala de Macchi, sin las condiciones propias de una operación crediticia formal”.
La cuestión central para la Fiscalía es de dónde salió el dinero. Jara habría señalado como fuente de esos fondos un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000 con Francisco Vera Figueredo, supuestamente suscrito el 3 de mayo de 2023.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las declaraciones y los documentos examinados presentan diferencias de fechas y no permiten reconstruir, con “trazabilidad bancaria, cambiaria, contable o tributaria suficiente, que Jara haya recibido los US$ 400.000 antes de la supuesta entrega a Ayala de Macchi”.
Inconsistencias en fechas
En ese sentido, uno de los puntos observados por la Fiscalía es la fecha de los pagos atribuidos a Vera Figueredo. El segundo pago fue documentado el 20 de julio de 2023, es decir, 40 días después de la fecha en que Jara habría otorgado el préstamo.
El primer recibo, por US$ 200.000, equivaldría aproximadamente a G. 1.480 millones, de acuerdo con el tipo de cambio utilizado por las partes. La Fiscalía señala que, aun si se admitiera provisionalmente ese importe, no alcanzaría para cubrir los G. 2.800 millones declarados como préstamo al 10 de junio de 2023.
Fiscalía no detecta el origen
El Ministerio Público señala que los informes tributarios, bancarios y registrales examinados respecto de Francisco Vera Figueredo y de su empresa, H&A Naviera San Francisco, acreditan su existencia y actividad, pero, según la imputación, no individualizan una cuenta bancaria, un retiro de fondos, una compra de divisas, la cancelación de una inversión ni otro movimiento financiero o contable que permita reconstruir el origen y la entrega material de los US$ 400.000.
Tampoco se habrían identificado registros contables que permitieran verificar la salida de ese dinero desde la empresa o desde una cuenta de Vera Figueredo, según la Fiscalía.
La rectificación tardía
Otro aspecto señalado en la imputación es el momento en que Jara incorporó esa fuente de ingresos a su tributación. Según el documento, lo hizo mediante una declaración rectificativa presentada el 18 de enero de 2026, casi tres años después del supuesto cobro y después de conocer las observaciones de la Contraloría.
El organismo contralor calificó esa rectificación como reactiva, de acuerdo con lo expuesto en la imputación.
La Fiscalía también calculó que, hasta el 10 de junio de 2023, la capacidad máxima acumulable de Jara era de G. 276.075.478, conforme a las declaraciones juradas presentadas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y a su declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría. El documento contrasta esa cifra con el préstamo declarado de G. 2.800 millones.
Vínculos con Petropar
Edith Ayala de Macchi aparece vinculada a varias empresas familiares que mantienen relaciones comerciales con Petropar. Junto con su esposo, Jorge Gregorio Macchi Noguera, figura en Transportadora Macchi SA, que obtuvo un contrato de G. 4.800 millones para el transporte de combustible durante 2018, y en Almajo SRL, titular de un contrato de uso de emblema de la petrolera estatal.
La pareja también aparece vinculada a IDA ADELA SA, que opera una estación de servicios de Petropar en Piribebuy (Dpto. de Cordillera) y que, el 16 de enero de 2024, transfirió G. 1.764 millones a una cuenta conjunta de Jara y su exesposa Karina Otazú (también imputada), como devolución del préstamo.