gastos

Gremios empresariales de diversos sectores coincidieron en cuestionar los planes de ciertos parlamentarios de aumentar los gastos del presupuesto de la nación. Expresaron que las decisiones podrían afectar la estabilidad y el futuro del país.

A juzgar por las relativamente irrisorias sumas declaradas para gastar por los precandidatos electorales de los distintos partidos políticos, puede pensarse que los mismos casi no se moverán de sus oficinas, que sus operadores trabajarán “ad honorem”, que sus cartelerías les saldrán casi gratis y que sus vehículos no utilizarán las naftas cuyos precios agobian al resto de la población. Además, hace tiempo ya están en marcha las campañas con vistas a los comicios internos simultáneos del 18 de diciembre. La premura conlleva que el gasto electoral sea mucho más elevado y fuerte la tentación de aceptar donaciones de cualquier origen.

Un lapidario informe de la Contraloría evidenció que la INC no puede cubrir ni sus gastos por la escasa producción del cemento durante el año pasado. En 2021 tuvo ingresos de G. 351.542 millones, pero sus gastos obligados representaron G. 499.727 millones, es decir, G. 148.184 millones de déficit.

El Poder Legislativo ha recibido finalmente el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el 2023. Tal como se anticipó, es más de lo mismo y no presenta grandes novedades respecto a un eventual cambio radical en la orientación de las erogaciones públicas. La nota característica este año será que los legisladores deberán definir los números en plena etapa proselitista, con un alto riesgo de populismo que podría poner al borde del colapso al Estado y la economía del país. Al mismo tiempo, es una brillante oportunidad para “quemar grasa” en el plan de gastos, donde existen numerosas alternativas y así dejar al Gobierno que asuma en agosto venidero una estructura más razonable. Los legisladores tendrán una gran responsabilidad: o mantendrán la esperanza de un presupuesto y una economía ordenados o si tendremos que afrontar una nueva tormenta como la del año proselitista del 2012.

Los recursos destinados al pago de las prestaciones sociales que otorga el Estado aumentaron G. 54.000 millones en el inicio del presente año, según el informe de “Situación Financiera” al mes de enero del Ministerio de Hacienda.