En los últimos cinco años, pese a la pandemia, se crearon 18.714 nuevos cargos públicos permanentes, según el anexo de personal del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, en contrapartida, por citar un ejemplo, el colegio Juana Pabla Carrillo de San Estanislao, donde anualmente se matriculan 70 alumnos, volverá a iniciar las clases bajo árboles porque ni el MEC ni ninguna otra instancia pública atienden el reclamo de poner en condiciones aulas en peligro de derrumbe, construidas hace más de veinte años y jamás sometidas a ningún tipo de mantenimiento. Esto dista de ser un hecho aislado o simplemente anecdótico. Al contrario, ilustra perfectamente la crítica situación actual del Estado paraguayo.
El proyecto de presupuesto 2023 fue aprobado este jueves por los diputados y a pesar de toda la advertencia sobre los aumentos que no tienen financiamiento, igual incrementaron salarios, bonificaciones y crearon más cargos, en un año eminentemente político por las próximas elecciones. Así dieron media sanción a un proyecto de presupuesto para el 2023, con la aprobación de un festival de subas salariales y más cargos.
Tras la remisión de la pandemia, los legisladores y los “servidores públicos” han reanudado con entusiasmo sus costosas excursiones para conocer el mundo a expensas de los contribuyentes. Si en 2020, los gastos de pasajes y viáticos llegaron a 3.090.691.560 guaraníes, en 2021 ascendieron a 22.560.589.215, y ¡este año ya se derrocharon 34.720.212.347! Al exceso del personal público, que absorbe el 74% de la recaudación tributaria, se suman el latrocinio y el malgasto en general en la administración pública. Se trata de una tomadura de pelo muy costosa para una población cada vez más alejada de la opulencia, la mayor parte sin poder hacer ni turismo interno.
Gremios empresariales de diversos sectores coincidieron en cuestionar los planes de ciertos parlamentarios de aumentar los gastos del presupuesto de la nación. Expresaron que las decisiones podrían afectar la estabilidad y el futuro del país.
A juzgar por las relativamente irrisorias sumas declaradas para gastar por los precandidatos electorales de los distintos partidos políticos, puede pensarse que los mismos casi no se moverán de sus oficinas, que sus operadores trabajarán “ad honorem”, que sus cartelerías les saldrán casi gratis y que sus vehículos no utilizarán las naftas cuyos precios agobian al resto de la población. Además, hace tiempo ya están en marcha las campañas con vistas a los comicios internos simultáneos del 18 de diciembre. La premura conlleva que el gasto electoral sea mucho más elevado y fuerte la tentación de aceptar donaciones de cualquier origen.