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Los principales candidatos que competirán en las próximas elecciones generales siguen eludiendo tomar postura sobre los grandes y más complicados temas nacionales, que demandarán de su parte decisiones difíciles y corajudas si es que en verdad pretenden gobernar con firmeza y responsabilidad para llevar al Paraguay a estadios superiores en su marcha al desarrollo. Probablemente creen que con tibias generalidades que no enojen a nadie, con discursos voluntaristas y expresiones de deseo, cuando no directamente con preocupantes promesas populistas e inviables, van a captar más votos. Pero eso no es otra cosa que más de lo mismo, es lo que han venido haciendo todos, independientemente de los colores. Si es eso todo lo que ofrecen, triste futuro le espera al país.
Es fácil hacer campaña ganándose aplausos de pequeños grupos de presión, diciéndole a cada quien lo que quiere escuchar, o entusiasmar a intereses sectoriales con arengas demagógicas, pero lo que la gente necesita saber es de dónde va a salir la plata, no hablemos ya de la capacidad de gestión.
La dura realidad que no quieren abordar, o peor aún, que directamente ignoran o no toman en cuenta, es que el Estado paraguayo ya está exhausto, el gasto público ha llegado a su límite, con el endeudamiento al tope, un alto déficit fiscal que se ha vuelto crónico, presión inflacionaria por desborde de los agregados monetarios y con el 90% de los ingresos ordinarios atados a erogaciones rígidas, básicamente salarios y remuneraciones, jubilaciones y pensiones del sector público, transferencias para subsidios y servicio de la deuda. Por lo tanto, no queda margen para mucho más. Para obtener recursos, el próximo gobierno tendrá que o recortar los gastos o aumentar los ingresos.
Sin duda, una parte del recorte de gastos puede provenir del ahorro por medio de mayor eficiencia y combate a la corrupción, a lo que todos se comprometen y luego no cumplen. Pero ni siquiera eso será suficiente en las actuales circunstancias. Tampoco se puede seguir recortando las cada vez más encogidas inversiones físicas, que para este 2023 representan menos del 14% del presupuesto de la administración central. Eso en los papeles, en realidad es menos, porque en la práctica lo que siempre sucede es que durante el año se postergan pagos y se retrasan obras para solventar más ampliaciones de gastos corrientes.
El problema es mucho más estructural y pasa por una reforma integral del Estado, donde se revisen los procedimientos, se hagan evaluaciones de desempeño del personal público y se achiquen los planteles, empezando por los planilleros, siguiendo por los que no cumplen criterios mínimos de productividad y terminando por los que, por cualquier motivo, no ejercen una función necesaria para la ciudadanía.
La reforma también debe contemplar la propia organización de la administración pública, donde 17 ministerios, 14 secretarías con rango ministerial, una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros, consejos, 29 entes autónomos y autárquicos, cinco empresas públicas y cuatro sociedades anónimas del Estado, seis entidades financieras oficiales, cinco entidades públicas de seguridad social, nueve universidades nacionales y dos entidades binacionales, lo que se completa con 17 gobernaciones y 263 municipalidades. Muchos de estos organismos, varios de ellos creados exclusivamente con fines prebendarios, deben ser fusionados o directamente suprimidos.
Asimismo, hay que reformar de manera urgente la Caja Fiscal, que administra las jubilaciones de los funcionarios públicos, que tiene el abrumador déficit proyectado de 2.500 millones de dólares ya para el siguiente período presidencial, una cifra que casi triplica todas las recaudaciones presentes del impuesto al valor agregado.
La otra opción es incrementar sustancialmente los ingresos. Aun suponiendo que se reduzca la evasión, eso no será suficiente, por lo que solo queda aumentar impuestos o tarifas de servicios públicos. Algunos sostienen que en Paraguay los impuestos son muy bajos, argumentando que la presión tributaria, del 13% del PIB, es menor que la media internacional. El argumento es cuestionable por varias razones. Una es que en otros países la presión tributaria incluye, por ejemplo, los impuestos municipales y las cargas sociales, mientras aquí están excluidos. Otra es que la alta informalidad hace que el peso recaiga desproporcionadamente sobre solo una parte de la sociedad. Más cercana a la realidad es la “carga tributaria”, que se mide por la “tasa efectiva de tributación” a partir de las declaraciones de los contribuyentes reales en el sistema Marangatu, que es del 25,2%.
Sea como sea, el hecho es que, en las condiciones que se encuentran las finanzas públicas, el próximo gobierno solo tendrá dos maneras de obtener recursos para llevar adelante sus propuestas: recortar drásticamente los gastos o aumentar drásticamente los ingresos. Antes que llenarse la boca con promesas y fantasías, lo que los candidatos deben explicar al electorado es cuál de las dos piensan priorizar y cómo. El resto es charlatanería.