9 de septiembre de 2026

El financiamiento de los componentes del Presupuesto de la Administración Central (AC) acumuló G. 36,95 billones a julio de 2026, frente a G. 35,43 billones en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de G. 1,52 billones, equivalente al 4,3%, conforme con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, detrás de este crecimiento relativamente moderado se observa una composición que vuelve a poner en evidencia uno de los principales condicionantes de las finanzas públicas: la rigidez presupuestaria.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público o Caja Fiscal vulnera la Constitución al no ajustarse a los principios de unidad, uniformidad, equilibrio y exclusividad del sistema de seguridad social. Así lo sostiene el abogado Jorge Darío Cristaldo Montaner, autor del libro “Hacia la Seguridad Social”, en un análisis que compartimos íntegramente a continuación.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja dio luz verde a un cambio en la ley de reforma de la Caja Fiscal. Con este dictamen favorable, buscan eliminar la exigencia de 58 años de edad para que los magistrados judiciales accedan al régimen transitorio, aplicando el mismo criterio que ya rige para los docentes.

Tras la promulgación de la Ley 7633/26 de Reforma de la Caja Fiscal ya rigen nuevos parámetros desde este mes de abril: como el incremento del aporte de los beneficiarios de sectores deficitarios. También se computan el aporte estatal y rige la edad mínima para la jubilación, entre otros.

Las inversiones financieras con recursos excedentes de la conocida como Caja Fiscal se inicia en el año 2013, en el marco de la normativa vigente y conforme a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad establecidos para la administración de los fondos previsionales, refiere el reciente Informe de inversiones de los recursos excedentes del Programa Contributivo Civil del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público – Caja Fiscal, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un grupo de militares retirados socializó su contrapropuesta al proyecto de Ley de reforma de la Caja Fiscal, promovido por el Gobierno. Alega que su proyecto fue socializado con el Ministerio de Economía ya en el 2024, pero hasta la fecha no hubo respuestas por parte de la cartera.