Carlos Palacios, abogado de Horacio Cartes, afirmó que ellos están “tranquilos” respecto a la solicitud de informes sobre el expresidente desde la fiscalía de Panamá.
“El cliente necesita con urgencia la apertura de la Sucursal en Bolivia”, escribió en marzo de 2016 Norma Thomen, del estudio jurídico paraguayo Beconi a empleados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF).
Omar Jaén Bohorques, acusado de sobornar a un ejecutivo del entorno cartista, facturó US$ 36 millones. Gustavo Alberto Aquino Alfieri, delatado con el escándalo Panama Papers, hizo negocios por 27 millones de dólares. Las transacciones, que son por provisión al Estado con diversos rubros, se concretaron en los últimos 5 años. Inhabilitaciones, sanciones, datos falsos, incumplimientos y perjuicios al Estado se identifican en los dos casos.
Todas las compañías de los Sarabia fueron gestionadas a través de la firma TMF Uruguay, un estudio jurídico asentado en Montevideo. Almond fue trasladada a Panamá en 2009, y en 2015, luego de una serie de publicaciones del diario ABC Color, los Sarabia solicitaron un nuevo cambio de domicilio. Mossack Fonseca (MF) les ofreció la posibilidad de llevar la empresa de portafolio a Nueva Zelanda, Holanda, Costa Rica o Bahamas. Los Sarabia aprobaron la última opción.
Un empresario paraguayo creó una offshore para hacer negocios con el Estado. En cinco años, la empresa de portafolio facturó más de US$ 27 millones, todo en licitaciones otorgadas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El año pasado, la firma fue sancionada por Contrataciones Públicas debido a incumplimientos.
Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. Fue acusado de sobornos a políticos y obtuvo pena reducida gracias a que negoció con la Fiscalía.