Presupuesto General de la Nación (PGN)

En estos días han estado desfilando por la Comisión Bicameral de Presupuesto los titulares de ministerios y de distintos entes públicos para “defender” sus respectivas asignaciones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, cuando no para pedir, o peor, negociar directamente más recursos con los parlamentarios. Hasta el momento no ha habido un solo caso en que se reduzca el monto presupuestado, ni siquiera mínimamente, lo que lleva a la pregunta de cómo piensa hacer el Gobierno para saldar sus deudas vencidas y cumplir los nuevos compromisos fiscales asumidos ante organismos multilaterales, calificadoras de riesgo, y ante toda la ciudadanía, inversores y actores económicos. Se proyecta que el fisco cierre este año con un déficit del 3,2% del PIB, más del doble de lo prometido para 2026 por la administración Peña al iniciar su mandato. Según el nuevo cronograma, en 2027 se podrá elevar ese saldo rojo al 3,9% del PIB, pero con la cancelación total de las deudas vencidas con proveedores y contratistas, que todavía suman alrededor de 1.000 millones de dólares. Ya con las cuentas saneadas y al día, el plan es retornar al tope 1,5% del PIB de la ley de responsabilidad fiscal en 2028. Si se elevan los gastos, en vez de recortarlos, estas metas son de cumplimiento imposible.