12 de junio de 2026

La Cámara de Senadores postergó el tratamiento del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 279 de la Ley de Presupuesto en referencia a la cesión de derecho de deuda o factoraje que afecta a proveedoras del Estado. El plan figuraba para ser tratado ayer, pero finalmente quedó postergado por falta de quorum ya que tampoco cuenta con dictamen. MEF pidió una semana más para agregar “pequeñas modificaciones”.

El desfasaje cambiario terminó afectando el PGN actual, ya que se previeron ingresos a un tipo de cambio muy superior al que está vigente en la actualidad. Sobre el punto, el ministro de Economía Óscar Lovera atribuyó esta situación a una “falla en expectativas”

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dio a conocer un pronunciamiento público en el que fustigó al gobierno cartista por priorizar el prebendarismo y el populismo antes que el saneamiento de las finanzas públicas.

El déficit fiscal del 1,5% se presenta como prueba de disciplina macroeconómica. Pero el Presupuesto 2026 revela algo distinto: una práctica sistemática de postergar deudas para sostener una ficción contable que ya empieza a mostrar sus costos. Así lo sostiene Gladys Benegas, Ph.D en Desarrollo Económico, en un análisis que compartimos íntegramente a continuación.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, desacata los topes presupuestarios y evita explicar por qué percibió bonificaciones que duplicaron el límite legal. Pese a que la normativa le autorizaba solo la mitad de lo cobrado, el legislador cartista embolsilló casi G. 300 millones en un año y, lejos de rendir cuentas, optó por atacar al Grupo ABC para desviar la atención.

Una sutil modificación en el decreto reglamentario del PGN 2025 permitió que el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), se adjudicara una bonificación del 50%, pese a que el mismo documento establecía un tope del 25% para altos cargos. Entre enero de 2025 y febrero de este año, el titular del Senado percibió G. 295.413.300 extra, una cifra que a un trabajador con salario mínimo actual le tomaría ocho años igualar.