HERNANDARIAS. Por unanimidad de sus miembros, la Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del intendente Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista) correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Los ediles resaltaron supuestas irregularidades en la gestión distrital y falta de respaldo documental de la ejecución presupuestaria.
CIUDAD DEL ESTE. El intendente Miguel Prieto Vallejos (Indep.) expuso este jueves los resultados y desafíos del Gobierno Municipal de esta capital departamental, durante la presentación de la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2023. El acto fue Centro Cultural Mangoré, ubicado en el barrio Obrero, con presencia de concejales municipales y departamentales, autoridades consulares y representantes de diferentes sectores.
Dos mujeres fueron echadas del Comité Niño Salvador de la colonia Guajaybí, distrito de Yasy Cañy, Canindeyú, por exigir rendición de cuentas de un millonario recurso que la comisión recibió en el marco de un proyecto del Programa Nacional Pecuario (Pronafope), del Viceministerio de Ganadería.
El MEC realizó ayer su acto de rendición de cuentas públicas, pero fue a puertas cerradas. No fueron convocados medios de comunicación, ni estudiantes ni directores de instituciones educativas. Tampoco los padres fueron convocados, según confirmaron desde la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy).
Tras analizar la Rendición de Cuentas al Ciudadano 2023 elaborado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la primera impresión es que se pudo haber hecho un mejor trabajo informativo, con mejor explicación de su contenido. Visualmente la rendición de cuentas resulta agradable, pero muy poco es el contenido informativo. Tampoco se revela qué acciones u objetivos quedaron pendientes.
Finalmente, el Poder Ejecutivo se salió con la suya, utilizó la “aplanadora” y consiguió la aprobación, con algunas modificaciones, de la polémica ley por la cual “se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, que le autoriza a colocar bonos del Tesoro por 600 millones de dólares a ser incluidos en el Presupuesto 2023, pero, y aquí lo grave, con amplias discrecionalidades para la utilización del dinero sin necesidad de específica asignación presupuestaria previa, por encima de las facultades delimitadas por la Constitución Nacional y en contra de los principios del derecho administrativo. El antecedente similar más cercano, en otro contexto, es el de las leyes de emergencia durante la pandemia, con los resultados conocidos: mucho endeudamiento, mucho despilfarro y pocas soluciones de fondo. En aquella oportunidad se prometió “rendir cuentas hasta el último guaraní” y no se cumplió. Sería muy lamentable que eso volviera a ocurrir.