Según el Diario Oficial de la República de Túnez con fecha 30 de enero de 2026, el nuevo lapso de este régimen de excepción tendrá una duración de once meses, que seguirán a una prolongación de un mes que comenzó a contar el primero de año y concluyó hoy, cuando arranca otro período.
El estado de emergencia otorga al Ministerio del Interior poderes excepcionales, entre ellos la prohibición de reuniones, la imposición de toques de queda, registros a comercios, vigilancia de la prensa, emisiones de radio y las representaciones cinematográficas y teatrales.
Estos poderes se ejercen sin autorización previa del poder judicial, lo que ha suscitado cada vez más críticas en materia de derechos humanos a nivel local e internacional.
En el país magrebí, se realizaron en los últimos meses varias protestas sectoriales y otras manifestaciones para reivindicar más libertades y derechos, así como para pedir la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución de opositores y militantes.
El estado de emergencia, prorrogado ininterrumpidamente, fue declarado en todo el país tras la explosión el 24 de noviembre de 2015 de un autobús de la Guardia Presidencial en el centro de la capital tunecina, que se saldó con 12 personas muertas y 16 heridas, entre civiles y agentes.
A su llegada al poder a finales de 2019, el presidente Kais Said, profesor universitario de Derecho Constitucional, reconoció que esta medida era "anticonstitucional" y se comprometió a limitarla exclusivamente a la lucha contra el terrorismo, pero hasta ahora la ha mantenido pese a que la amenaza ha remitido.