El juez determinó la suspensión del certamen hasta que se resuelva el fondo de una demanda presentada por una asociación de empresas del sector por una supuesta restricción a la competitividad en la convocatoria.
El responsable de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) Vinícius Caram dijo en rueda de prensa que recurrirán la decisión judicial y expresó su voluntad de que se celebre la subasta.
Con una inversión estimada en 2.000 millones de reales (unos 400 millones de dólares), la licitación pretende ampliar la conectividad en áreas rurales y remotas afectadas por la falta de señal.
Además de Telefónica, que cuenta con una fuerte presencia en el país a través de su filial Vivo, Claro, TIM y otros cinco operadores pujan por una parte del contrato.