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El titular de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, Jorge Delgado, confirmó a ABC que a fin de mes los jubilados percibirán sus haberes con el reajuste correspondiente para cada sector.
En el sector civil, compuesto por empleados públicos, magistrados judiciales, maestros y docentes universitarios, recibirán un reajuste del 8,1%.
El incremento para este sector de más de 53.200 beneficiarios se realiza en función a la inflación registrada al cierre del ejercicio 2022, que de acuerdo con el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) al final de diciembre se situó en 8,1%.
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En el sector no civil o de las Fuerzas Públicas, compuesto por militares y policías retirados, recibirán un reajuste del 11,4%.
El ajuste de los haberes para los más de 16.970 ex uniformados se realiza por la variación del sueldo mínimo que en julio del año pasado aumento 11,4%, ya que la escala salarial de policías y militares está atada a esta variable y los jubilados cobran igual que los activos (los jubilados cobrarán de una vez el reajuste, pero los activos 50% en enero y 50% en julio).
Cantidad de beneficiarios
La Caja Fiscal, según el último informe a noviembre del año pasado, cuenta con un total de 70.211 beneficiarios y más de 230.000 aportantes activos.
A noviembre el déficit de la entidad se situó en G. 795.234 millones (US$ 109,9 millones al cambio vigente), atendiendo que el aporte de los funcionarios activos sumó G. 2,9 billones (US$ 407,6 millones), pero el pago a los jubilados representó más de G. 3,7 billones (US$ 517,6 millones).
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La diferencia entre el aporte de los activos y el pago de las jubilaciones equivale a -21%, que se financia con parte de los fondos de los sectores superavitarios y con recursos del Tesoro.
Los empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios cerraron con superávit del 100%, 26% y 12%, respectivamente; en tanto, el sector de policías, militares y maestros registraron déficit del -59%, -73% y -42%, respectivamente.
El saldo rojo del sector de militares y policías se financia íntegramente con los recursos aportados por el Tesoro, que provienen de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía; mientras que el déficit de los docentes, se cubre con parte de los sectores superavitarios.