Desde diferentes sectores económicos y gremiales coinciden en la necesidad de contar con un ente que regule y supervise el funcionamiento de las diferentes cajas y fondos de pensiones que operan en el país, la mayoría en déficit. Añaden que el árbitro es necesario en este tema, pero que a la vez, las reglas del juego deben estar bien expresadas para que no se presten a confusión o intereses particulares.
Al respecto, el economista Aníbal Insfrán opinó que efectivamente el régimen de jubilaciones y pensiones en nuestro país requiere de un árbitro que determine las reglas de juego, pero, añadió que hay algunos artículos que pueden prestarse a confusión.
Específicamente se refirió al artículo 11 establece el régimen de inversiones que en el inciso b) menciona los bonos del tesoro como uno de los instrumentos habilitados. “Donde que si bien no lo dicen explícitamente, abren las puertas para que se puedan colocar o prestar lo recursos de las cajas en el sector público”, advirtió.
Siendo justamente este artículo 11, uno de los puntos de discordia en toda la discusión sobre el proyecto.
Lea más: Advierten inminente saqueo de fondos jubilatorios con apresurado proyecto
Además estaban derogando el artículo 27 de la ley de IPS que impedía prestar al sector público, por lo que se alimentó una gran desconfianza, expresó Insfrán. Aunque, una noche antes del estudio del proyecto en el pleno, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos anunció que realizaron ajustes a ese artículo, aclarando que el texto va conservar el enunciado sobre la prohibición al IPS de prestar dinero al Estado.
Para el economista, el tratamiento de este proyecto de ley que regula el rol supervisor del Estado de la Cajas de Pensión dejó de ser un tema técnico para ser político. Añadió que desde el punto de vista técnico hay que cubrir los principales riesgos y miedos que hay en este plan para que sea viable. Es una primera parte la superintendencia debemos dar ese paso, aunque lo ideal hubiese sido que sea dentro del ámbito del Banco Central del Paraguay (BCP) para blindar de influencias políticas, expresó Insfrán.
Lea más: Sugieren poner límites a la inversión en Ley de pensiones para evitar abusos
“Diálogo abierto” para crear ente regulador de fondos jubiladorios
Por su parte, Iván Dumot titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) también coincidió en la necesidad de contar con un ente regulador de los fondos jubilatorios que supervise que controle y de seguridad a las cajas. Dijo que por la relevancia e impacto que tiene, obviamente debería haber una discusión abierta sobre el tema en la cual participen todos los sectores afectados y que se tengan en cuenta las sugerencias que se planteen. Sobre todo porque hay mucho desconocimiento entre lo que está escrito y lo que se está reclamando
“Pareciera que falta un espacio de diálogo para despejar algunos fantasmas y algunas dudas, que según el Gobierno no son tales como la gente lo interpreta, entonces debe haber voluntad del gobierno de dialogar y aclarar los puntos que sean necesarios. Creo que ese es el camino en el consenso para quitar el proyecto adelante porque la institución creemos que es necesaria”, afirmó Dumot.
Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: plantean al Senado que tema sea discutido recién el próximo año
Es el primer paso
A su vez el economista y ex ministro César Barreto mencionó que superadas las diferencias sobre la superintendencia será el primer paso, ya que hay otras reformas urgentes que se deben hacer. Señaló que la “madre de las batallas” estará en la caja fiscal, donde el Estado subsidia US$ 140 millones al año para el pago de jubilaciones de funcionarios públicos. En el IPS, aseguró, la curva de jubilados, está por cruzarse también con la de los aportantes, y habría problemas ya en la próxima década.