El plan financiero limita fondos provenientes de préstamos

El Poder Ejecutivo emitió ayer el Decreto N° 1188 con el que puso en vigencia el plan financiero y estableció las normas y los procedimientos para la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presupuesto vigente asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones) y, de acuerdo a lo adelantado desde el Ministerio de Economía, los recursos del Tesoro ni los institucionales tendrán un tope.
El presupuesto vigente asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones) y, de acuerdo a lo adelantado desde el Ministerio de Economía, los recursos del Tesoro ni los institucionales tendrán un tope.SILVIO ROJAS

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El plan financiero es un instrumento presupuestario que sirve para la programación de los ingresos y gastos del presupuesto en el que incorporan los requerimientos de fondos para el cumplimiento de los fines institucionales de los cuales se desprenden los recursos para la previsión de los bienes, servicios, consultorías y obras públicas que serán incorporados al Programa Anual de Contrataciones (PAC), señala el decreto.

Asimismo menciona que el plan financiero servirá a los organismos y entidades del Estado (OEE) como marco de referencia para la programación del plan de caja y la asignación de cuotas, por lo que no podrán asumir compromisos superiores al tope o contraer obligaciones superiores a las cuotas asignadas, con excepción de las situaciones de emergencia.

Los datos brindados por técnicos del MEF indican que no se establecieron topes a los recursos del Tesoro (provenientes de impuestos y otros) ni a los recursos institucionales (que generan las entidades con el servicio que prestan). Sin embargo, en lo que se refiere a los programas que se financian con crédito público (bonos, préstamos y otros), se estarán habilitando los fondos conforme se tenga disponibilidad.

La ley de presupuesto asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones), de este monto, la administración central tiene asignado G. 62,5 billones (US$ 8.497 millones) y las entidades descentralizadas G. 53,9 billones (US$ 7.329 millones).

Contempla una recaudación tributaria de G. 34,4 billones (US$ 4.379 millones) y un déficit fiscal de 2,6% del PIB, atendiendo el nuevo plan de convergencia implementado por el gobierno de Santiago Peña, que extendió al año 2026 el retorno al tope de 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

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