La Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), dirigida por Darío Medina, informó ayer que se están reforzando los trabajos de limpieza del canal paraguayo, tras los reportes de taponamiento por la gran cantidad de sedimentos y vegetales que arrastra el río. La acumulación provoca desbordes y reduce el caudal que logra avanzar aguas abajo.
“Estamos a full con los trabajos con anfibias”, señaló ayer Medina, y aseguró que “el 100% de las casas están protegidas” mediante muros, concretamente en Margariño, Boquerón, donde se registró el primer desborde. También confirmó que el riesgo de inundaciones disminuyó debido a la bajante del río, que alcanzó 2,25 metros en Villamontes y 4,23 metros en Pozo Hondo, niveles “fuera de riesgo”.
No obstante, Medina aclaró que el personal sigue alerta ante posibles eventualidades para poder intervenir de inmediato con las maquinarias. “Estoy por General Díaz coordinando los trabajos”, indicó.
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Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) también informaron ayer que asistirán a unas 700 familias afectadas por el desborde del río Pilcomayo.
Se esperan más crecidas
Por su parte, los pobladores atribuyen los desbordes a la falta de limpieza del canal y al deficiente mantenimiento de los muros de contención existentes en la zona. Aseguran que estos trabajos no se realizaron en tiempo y forma, pese a la firma de tres contratos millonarios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por un monto superior a G. 100.000 millones.
Nirma Servín, pobladora de la zona, señaló que el lugar sigue en riesgo y que muchas familias no están protegidas, ya que se esperan nuevas crecidas este mes, en marzo e incluso abril. “Margariño continúa en esa situación. Con todo el apoyo de la Comisión Pilcomayo y de la gobernación de Boquerón, seguimos luchando por el tema del agua. Impresionante es la velocidad que corre”, expresó.
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Las adjudicaciones, bajo la modalidad de contrato abierto y por un monto total de hasta G. 100.000 millones, abarca más de 450 kilómetros desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta el Estero Patiño. El Lote 1 fue asignado a Tocsa S.A., por un monto estimado de entre G. 20.000 millones y G. 40.000 millones; el Lote 2, al Consorcio Fortín General Díaz (L.T.S.A.–Black S.A.), por entre G. 22.000 millones y G. 44.000 millones; y el Lote 3, a Hugo Óscar Navarro Ruíz Díaz, por entre G. 8.000 millones y G. 16.000 millones.
El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye tareas de limpieza y profundización del cauce, interconexión de cañadas, construcción de muros de protección y mejoras de caminos para el tránsito de maquinarias y el acceso a las comunidades. Sin embargo, los trabajos registran escasos o nulos avances.