En el caso regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) retoma esta definición en sus estudios sobre mercado laboral y protección social, señalando que tasas de sustitución elevadas mejoran la cobertura del ingreso en la vejez, pero también incrementan las exigencias financieras del sistema cuando no están respaldadas por una base contributiva sólida.
En América Latina, la tasa de sustitución promedio se ubica en torno al 65%, de acuerdo con datos del BID. Sin embargo, la dispersión entre países es significativa. En el extremo inferior se encuentran economías como Venezuela (30%), Haití (31%) y Bolivia (31,5%), donde el sistema previsional ofrece una cobertura limitada del ingreso previo. En un nivel intermedio aparecen países como Perú (47%) y Argentina (48%), más alineados con estándares regionales.
Paraguay se posiciona en el extremo superior del ranking regional, con una tasa de sustitución cercana al 98%, solo superada por México, que alcanza el 107%. Este valor ubica al país muy por encima del promedio latinoamericano y por encima de economías de mayor tamaño y presión demográfica, como Argentina, Colombia o Chile.
Este resultado no es menor: implica que, en promedio, el sistema previsional paraguayo –especialmente en el sector público– garantiza una continuidad casi plena del ingreso al momento del retiro. Desde el punto de vista social, esto representa un alto nivel de protección para los jubilados. No obstante, desde la óptica fiscal, plantea interrogantes relevantes sobre la sostenibilidad del esquema, en particular en un contexto de envejecimiento poblacional y desequilibrios crecientes en la Caja Fiscal.
La elevada tasa de sustitución observada en Paraguay se explica, en gran medida, por el diseño específico de los regímenes que integran la Caja Fiscal, donde existen diferencias marcadas entre sectores. Mientras en la Administración Pública la jubilación se construye a partir de una base cercana al 47% del salario, en otros regímenes la tasa efectiva se acerca o incluso alcanza el 100%.
En el Magisterio Nacional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la tasa de reemplazo resulta sustancialmente más alta. En la Policía Nacional, por ejemplo, la tasa de sustitución comienza en 30% con 10 años de servicio y aumenta de forma progresiva hasta llegar al 100% a los 30 años. En el caso de las Fuerzas Armadas, el esquema es aún más generoso: inicia en 50% a los 15 años y alcanza el 100% también a los 30 años de servicio.
Las diferencias se vuelven más evidentes al observar casos concretos. Un funcionario de la Administración Pública con 20 años de aporte accede a una jubilación inicial cercana a la mitad de su salario, mientras que un docente con 28 años de servicio obtiene aproximadamente 87%, y un policía o militar con 30 años percibe la totalidad del salario al momento del retiro.
A esto se suma un elemento clave: en las Fuerzas Públicas, los haberes jubilatorios se ajustan conforme a los incrementos salariales de los activos de igual rango, mediante la equiparación al salario mínimo legal y los escalafones. En la práctica, esto implica que la tasa de sustitución efectiva del 100% no solo se mantiene al momento del retiro, sino durante todo el período de jubilación.
La combinación de tasas elevadas y mecanismos de actualización automática explica por qué Paraguay exhibe una de las tasas de sustitución más altas de la región. La reflexión de fondo es clara: el sistema prioriza la protección del ingreso en la vejez, pero lo hace a costa de una presión creciente sobre las finanzas públicas. En ausencia de ajustes estructurales, la brecha entre beneficios y aportes tiende a ampliarse, profundizando los desequilibrios de la Caja Fiscal y trasladando el costo a la población en general.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones