jubilación

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) anunció que presentará un proyecto de ley para establecer una jubilación universal con seguro médico, con el objetivo de establecer condiciones dignas para todos los paraguayos. Calificó de “parche” la reforma de la Caja Fiscal y dijo que se debe avanzar en una reforma estructural que incluya a todos los sectores, incluyendo la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

CORONEL OVIEDO. Policías jubilados del departamento de Caaguazú se plegaron esta mañana a la manifestación impulsada por el sector docente contra la reforma de la Caja Fiscal. Realizan cierres intermitentes en el kilómetro 129 de la ruta PY02, en la zona conocida como Villa Elsa, a unos seis kilómetros del casco urbano de esta ciudad. Anunciaron que el cierre de la ruta será intermitente hasta pasado el mediodía.

Los principales gremios de la educación, FEP y OTEP-A, rechazaron las formas en que el Ejecutivo busca “liquidar” la reforma jubilatoria. Mientras el Senado se apresta a modificar el proyecto para bajar la edad de retiro a 53 años, los educadores denuncian falta de transparencia y aseguran que cobrarán factura en las urnas a quienes perjudiquen al sector.

CORONEL OVIEDO. Unos 60 educadores nucleados en la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN) se manifestaron frente a la vivienda del senador Silvio “Beto” Ovelar, en Coronel Oviedo, en rechazo al proyecto de ley de reforma jubilatoria impulsado por el Gobierno.

Este martes prosiguen en el Senado las reuniones técnicas con sectores relacionados con la reforma de la Caja Fiscal, cuyo tratamiento en plenaria está previsto para el 25 de marzo. Entretanto, dirigentes de los principales gremios docentes impulsan la recolección de firmas digitales para la presentación de un proyecto de ley que elimina la jubilación vip de los parlamentarios. La iniciativa es legítima porque la Constitución Nacional consagra la igualdad ante la ley y no es admisible la existencia de ciudadanos de primera y de segunda. Pero, con el mismo criterio, deben eliminarse todas las jubilaciones de privilegio, incluidas las de los propios docentes y otros segmentos de la administración pública, porque no es justo que el 90% de la población financie con su dinero beneficios extraordinarios que no están al alcance de la enorme mayoría. Son los ciudadanos comunes y corrientes los que deberían recolectar firmas para que no les sigan metiendo abusivamente la mano en el bolsillo.