jubilación

Impecable el comunicado de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sobre la reforma de la Caja Fiscal, máxime cuando se trata de un sector que integra a la verdadera amplia mayoría trabajadora del país y, por ende, el que soporta proporcionalmente el mayor peso del financiamiento estatal. La Fedemipymes reclama nada más y nada menos que lo justo: que la reforma garantice la sostenibilidad del sistema, de modo a no cargar el déficit sobre las espaldas de la población, y que se equiparen los parámetros jubilatorios del sector público a los del sector privado, para que no haya en el Paraguay ciudadanos de primera y de segunda. La entidad tiene toda la razón: hay una sola reforma admisible, la que ponga en pie de igualdad a toda la fuerza laboral, pública y privada, y se asegure de que ningún sector se beneficie con privilegios a costilla de los demás.

No conozco a nadie que discuta que es deseable que todo paraguayo pueda disfrutar de un retiro, si desea retirarse, que le permita vivir tranquilo con recursos para hacerlo con dignidad, con disponibilidad para la salud, las necesidades básicas, el ocio, la cultura y la diversión. Creo que nadie discute eso.

Ante un déficit que proyecta aportes estatales de US$ 900 millones para 2035, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que el debate se centra en sí la nueva ley busca una sostenibilidad real o si es apenas un ajuste fiscal que posterga la crisis al próximo gobierno, sacrificando la calidad de vida de los trabajadores en nombre de la eficiencia de los números.

Gremialistas del sector docente y de las fuerzas públicas expresaron su rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, durante una audiencia pública esta mañana en la Cámara de Diputados. Pidieron la postergación de la sesión extraordinaria legislativa prevista para el próximo jueves 5 de febrero, que debe estudiar el proyecto.

Si ahora no se aprueba una reforma de la Caja Fiscal, los funcionarios afectados por este plan del Ejecutivo no podrán alcanzar su jubilación dentro de pocos años, según advirtió el ministro de educación, Luis Ramírez. Se prevé que este proyecto no afecte a los 80.000 compatriotas que hoy están jubilados y tampoco a los trabajadores activos que ya llegaron a los aportes mínimos exigidos por la normativa actual “en cualquiera de sus modalidades”.