El suministro intervenido se encuentra asociado al NIS N° 2.478.551 a nombre de Carlos Quintana, sobre el cual constataron una conexión directa, con medidor para el funcionamiento de equipos de alto consumo, informó la empresa estatal.
Esta irregularidad representa un daño patrimonial estimado en G. 74,8 millones, monto que deberá ser abonado por los responsables, sumado a los gastos por intervención y multas, conforme a lo establecido en la Ley N° 966/64.
Ante la irregularidad detectada, la estatal presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Penal N° 9 de Ciudad del Este, a cargo del fiscal especializado Alcides Giménez, quien ejecutó la orden judicial de allanamiento bajo la causa N° 2433/26, en el marco de la Ley N° 7300/2024.