El ingeniero Herman Pankow, quien denunció ante la Fiscalía el caso metrobús en 2018, lo que ahora derivó en la imputación del exministro del MOPC, Arnoldo Wiens, sostuvo que el juez de la causa, Humberto Otazú, hoy interinado por Osmar Legal, debe rechazar “enérgicamente” el pedido de sobreseimiento del exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, al considerar que existen elementos suficientes para que el caso sea llevado a juicio oral.
El denunciante cuestionó el cambio de postura del Ministerio Público, señalando que inicialmente con la fiscala María Estefanía González se había procesado a Jiménez Gaona, pero posteriormente los fiscales que tomaron el caso plantearon su sobreseimiento e imputaron al exministro Arnoldo Wiens.
“El juez Humberto Otazú debe rechazar ese pedido de sobreseimiento enérgicamente. Esto se tiene que dirimir en un juicio oral. La evaluación de las pruebas se debe hacer ante un tribunal, así es contra los comunes”, expresó”, expresó.
También dijo que el juez Otazú debe denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti para analizar la actuación de los agentes que solicitaron el sobreseimiento, al considerar que su proceder carece de sustento.
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Cuestiona uso de laudo arbitral para favorecer a Jiménez Gaona
Pankow insistió en que la Comisión Bicameral del Congreso, y los reportes de la Contraloría concluyeron que hubo serios problemas en el metrobus y a pesar de ellos la fiscalía pretende usar un fallo arbitral, para intentar evitar el juicio oral de Jiménez Gaona y su exviceministra de finanzas, Marta Benítez. Se refirió al laudo arbitral que condenó al Estado paraguayo a pagar casi de US$ 17 millones a Mota Engil, pero se redujo a US$ 2,6 millones en un tribunal de apelaciones a nivel local.
Insistió en que la Fiscalía incorporó el contenido del laudo como prueba a favor de Jiménez Gaona durante la audiencia preliminar, lo que —según sostuvo— habría motivado el cambio de criterio del equipo fiscal. Indicó que la ley prohíbe recurrir al arbitraje cuando existe una investigación penal en curso y sostuvo que su utilización en el proceso constituye una irregularidad.
“Lo que les hizo cambiar en horas para pedir el sobreseimiento fue ese laudo arbitral, que jamás se puede usar en un proceso penal”, señaló.
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Caso metrobús: cuestiona que no se haya investigado a Mota Engil
El denunciante también cuestionó que la Fiscalía no haya incluido en el proceso a la empresa portuguesa Mota Engil, contratista del proyecto, pese a que los pagos cuestionados han sido realizados a dicha firma.
A su criterio, esta omisión evidenciaría un direccionamiento de la investigación. “Si se habla de pagos irregulares o lesión de confianza, ¿a quién se le pagó? A la empresa. Sin embargo, ni siquiera fue llamada a declarar”, afirmó.
Además, cuestionó que el Ministerio Público haya utilizado informes técnicos del propio Ministerio de Obras Públicas y peritajes vinculados al arbitraje, lo que —según dijo— comprometería la imparcialidad del proceso.
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Asimismo, Pankow sostuvo que el caso más grave contra la administración de Jiménez Gaona se relaciona con la firma de una adenda que incrementó en US$ 17 millones el costo del proyecto (35% más que el monto adjudicado), pese a que el pliego de bases y condiciones prohibía elevar el precio de la obra.
Asimismo, recordó que la Contraloría había detectado incumplimientos contractuales por parte de la empresa constructora, sin que se aplicaran sanciones. “Ese caso es insalvable, porque el propio pliego prohibía subir el precio de la obra”, aseguró, resaltando que se trataba de una obra con la modalidad de suma alzada.
Pankow insistió en que el caso refleja un intento de blanqueo de responsabilidades en el fallido proyecto metrobús y advirtió sobre la necesidad de esclarecer los hechos en un juicio público.
“Lo grave acá es el pedido de sobreseimiento a Jiménez Gaona. Esto debe ser investigado”, concluyó.