El sector empresarial, representado por el Ingeniero Enrique Vidal ante el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), remarcó que cualquier modificación en la metodología de cálculo, como la creación de una canasta básica diferenciada, debe pasar por el Congreso y no limitarse a una decisión del Ejecutivo.
Actualmente, el reajuste se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central. Ante la postura de los gremios sindicales, quienes consideran que este indicador es insuficiente y proponen una canasta específica, Vidal advirtió que la vía administrativa no es el camino.
“Si se quiere cambiar la base del IPC para el salario mínimo, habría que hacer una mesa tripartita y llegar a un acuerdo satisfactorio. De lo contrario, si se hace por vía decreto, podría dar pie a acciones judiciales”, explicó el representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
A pesar de la advertencia legal, el sector privado se muestra abierto a la negociación. El objetivo es evitar que un ajuste arbitrario termine trancado en la justicia, lo que perjudicaría la previsibilidad económica de las empresas y el bolsillo de los trabajadores.
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<b>Los puntos claves de la postura empresarial:</b>
- Legalidad: El cumplimiento estricto de la ley vigente es innegociable para el sector.
- Mesa Tripartita: El Ministerio de Trabajo debe liderar el análisis del impacto en el carácter familiar del salario.
- Estudio Técnico: Se requiere un análisis profundo de todos los “condimentos” de la canasta básica para obtener un porcentaje real y valedero.
“Tenemos que tener mucho cuidado y hacer un buen estudio para que salgamos todos contentos. Esa es la posición de los gremios”, concluyó Vidal, subrayando que la voluntad de reunión existe, siempre que se respete el marco jurídico institucional.