26 de abril de 2026

Desde Feprinco sostienen que cualquier modificación en la estructura de la canasta básica o el IPC de referencia requiere una reforma legal previa para evitar impugnaciones judiciales y garantizar la previsibilidad económica.

Todavía ni se concretó el reajuste previsto del salario mínimo legal, de poco más de G. 100.000 que entraría en vigencia en julio, pero ya se vaticina un duro golpe al bolsillo de los trabajadores, por lo insisten en que el aumento previsto es insuficiente. Este fin de semana varios emblemas concretaron el incremento en el precio de los combustibles y hay presión de transportistas para aumentar la tarifa, lo que aumentaría el riesgo inflacionario
La senadora Esperanza Martínez impulsa un proyecto para que el reajuste del salario mínimo se base en el aumento de los precios de los alimentos y no en el índice general. Critica la falta de transparencia en los cálculos y llama a un debate estratégico sobre el ingreso digno como política pública.

El Consam determinó finalmente recomendar que el reajuste del salario mínimo sea de 3,6%, de apenas G. 100.739, lo que ha generado rechazo rotundo por parte del sector de trabajadores, debido a que estas cifras “no reflejan la realidad del trabajador”. Ahora se espera el decreto de Peña y entrará en vigencia desde julio

Bernardo Rojas, representante de los trabajadores en Conasam, dejó en claro que no se puede aceptar un aumento de G. 100.000 en el salario mínimo. Apuntó que la pérdida del poder adquisitivo es del 24%, por lo que piden un reajuste del 15%. Sostuvo que este aumento servirá para que los empresarios alcen los precios.