Ya se mencionó anteriormente la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ante los sucesivos hechos de corrupción detectados en diferentes administraciones, incluyendo la penúltima a cargo de Horacio Torres, quien tuvo que dimitir tras el escándalo del negociado de tierras y pedido de coimas desde las gerencias. Pero no se había creado ningún ente con similar rol.
Ahora el Poder Legislativo, con más sigilo que promoción, aprobó la Ley Nº 6286 “De defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina”. Esta norma ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de mayo, pero no tuvo difusión alguna.
Tiene por objetivo la reestructuración del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). De hecho, la Ley Nº 6286, por si faltaran estamentos públicos, crea el “Viceministerio de Agricultura Campesina”, un nuevo ente estatal que entre otras cosas tendrá a su cargo el reparto de tierras a campesinos e indígenas, superponiéndose directamente a las funciones del Indert en cuanto a la política agraria y también al Instituto del Indígena.
En efecto, esta legislación, en su artículo 16, Acceso a la tierra, señala textualmente: “La autoridad de aplicación (el Viceministerio), en coordinación con los demás órganos del Poder Ejecutivo, implementará un proceso ágil de regularización y formalización de la propiedad rural de las comunidades campesinas que realicen la agricultura familiar Campesina.
Se otorgará prioridad en el acceso y la titularidad de derechos sobre la tierra a los sujetos beneficiarios de la presente ley. La autoridad de aplicación articulará con los órganos correspondientes del Poder Ejecutivo el acceso a la tierra para la agricultura familiar campesina e indígena, considerando la tierra como un bien social, sostiene la legislación de referencia (ver documento adjunto).
Superposición de roles
Hoy día existen fuertes críticas hacia la función real del Indert, ya que a través del área de Fides, prioriza más el tema de compras de bienes y servicios (como las famosas instalaciones de pozos) antes que la regularización de la tenencia de tierras a través de los títulos. Ahora resulta que el MAG tendrá también la potestad de repartir tierras.
Según la directora de Planificación de la institución, Ing. Paula Durruty, esta modificación de la estructura orgánica del MAG está siendo analizada por los técnicos de dicha cartera de Estado, con participación de representantes de las autarquías relacionadas de la cartera, de los gremios de la producción y de otros sectores.
Es importante señalar que desde hace 20 años se vienen realizando modificaciones en la estructura del MAG con la creación de autarquías que se fueron separando de la institución, así como cambios a nivel interno.
“Ordenar competencias”
“Estamos analizando la reglamentación del Viceministerio de Agricultura Familiar, que no tiene presupuesto y además tiene funciones que se contraponen con las de varias autarquías”, reconoció Durruty. Amplió que con la reestructuración del MAG se está “ordenando las competencias de todas las autarquías” para que se pueda trabajar mejor, aunque no habló de eliminar Indert.
Señaló que el trabajo técnico se está llevando a cabo con documentos de Argentina, Chile y Uruguay, con el trabajo de los especialistas del Gobierno, sin cooperación extranjera. “En la reestructuración estamos viendo cómo trabajar mejor con los entes autárquicos, respondiendo a los nuevos desafíos; lo estamos terminando con el Ministerio de Hacienda, pero lleva tiempo porque no es fácil llegar al consenso”, indicó la planificadora.