A través de la citada resolución, el Ministerio Público dispuso la apertura de una causa penal y asignó para la pesquisa al agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 14, Abog. Jorge Arce. Esto, basándose en documentos enviados a la Fiscalía por el presidente actual de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, que detallan la ejecución de US$ 80 millones en “inversiones” que no han dado los resultados prometidos por las autoridades que consiguieron en su momento esos préstamos, entre 2015 y 2018 (Jorge Méndez y sus directivos, en el gobierno de Horacio Cartes).
El titular de ahora de la cementera puso a disposición de la Fiscalía el informe final de Fiscalización Especial Inmediata hecho por la Contraloría, así como dictamen técnico de Contrataciones e informe final de la auditoría general interna de la INC, de modo a que se determinen indicios de hechos punibles.
En este caso, según lo explicado ayer por la fiscala general Sandra Quiñónez, no se identifica un hecho punible en concreto. No obstante, se abre la investigación considerando que la estatal recibió fondos públicos con la promesa de un millonario ahorro y una mayor producción, pero nada de eso se ha logrado (y hoy la INC ni siquiera está pudiendo pagar los servicios de la deuda y pidió refinanciamiento a Hacienda).
Jorge Méndez, quien ayer no respondió nuestra llamada ni mensajes enviados a su celular, había prometido un ahorro de US$ 15 millones con el cambio de combustible del horno de clínker y otros US$ 10 millones a partir de la instalación de la secadora de puzolana. También dijo que se tendría una facturación adicional de US$ 50 millones con el nuevo molino de cemento.
Méndez había dicho que el horno de clínker aumentaría su producción de 2.000 a 2.200 toneladas por día y que el despacho de cemento pasaría de 50.000 a 120.000 bolsas diarias, aunque luego bajó esa pretensión a 90.000. Pero hoy la estatal está produciendo menos de 50.000 bolsas por día en su planta de Villeta, la capacidad que tenía antes de recibir los millonarios montos.
El procurador general Sergio Coscia, al ser preguntada su opinión sobre la apertura de una causa en INC, se limitó a responder “bien, esa es la vía”, sin dar detalles.