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Los datos indican que el aporte efectuado por los funcionarios activos entre enero y agosto fue de más de G. 1,4 billones (US$ 250 millones), pero los gastos en concepto de pagos de haberes superó los G. 1,8 billones (US$ 319,3 millones).
La diferencia negativa entre el aporte de los activos y el pago de haberes a jubilados se financia en su mayor parte con recursos provenientes de impuestos.
La Caja Fiscal reúne a seis sectores de la función pública: los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, maestros, policías y militares, que en total llegan a 58.344 beneficiarios.
Dentro de estos seis sectores son deficitarios el de los maestros (-24%), policías (-61%) y militares (-79%). El primero cubre su saldo rojo con fondos de los sectores superavitarios; mientras que policías y militares, directamente con la recaudación impositiva.
En cambio, los tres sectores restantes (empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios) presentan superávit en sus resultados: 93%, 48% y 22%, respectivamente.
Los gremios de jubilados están actualmente reclamando que sus haberes se actualicen al de los activos, argumentando que así lo dispone la Constitución Nacional. En ese sentido, las autoridades consideran que con este tipo de medida las reservas que tiene la entidad podrían acabarse en un plazo de diez años.
La Caja Fiscal tiene un excedente de alrededor de US$ 900 millones, invertidos en partes en bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
El gremio de jubilados está a la espera de una audiencia con el ministro de Hacienda, Benigno López, para exponer los argumentos y poner a su consideración un proyecto de actualización “sustentable y sostenible”, según la nota que fue entregada a la cartera.