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Los recortes aplicados por el Ministerio de Hacienda no cayeron bien y es por eso que los funcionarios afectados evalúan qué acciones judiciales tomar para mantener el incremento conseguido en el Congreso durante el estudio del proyecto de ley de presupuesto 2019.
Rodney Cano, del sindicato de la Secretaría de la Función Pública (SFP), adelantó ayer que están evaluando con los abogados si recurrirán al Tribunal de Cuentas o a la Corte Suprema de Justicia.
A su criterio, la ley de presupuesto no puede ser modificada por decreto del Ejecutivo ni por resolución del Ministerio de Hacienda.
También considera irregular el proceso de liquidación de los salarios establecido por la cartera fiscal para abonar las remuneraciones correspondiente a febrero y de los siguientes meses.
Entidades
Cano señaló que con la idea de recurrir a la justicia están, además de los funcionarios de la Función Pública, los del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), de la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
De acuerdo con los datos que había dado a conocer Hacienda, en estas seis instituciones fueron beneficiadas con los incrementos “mau” alrededor de 450 personas, de los 2.123 en total que fueron detectados en 36 entidades componentes del Ejecutivo y Legislativo.
Cano puntualizó que dentro de estas entidades, los cargos de confianza mantienen sus grandes aumentos y que la medida adoptada por Hacienda sólo afecta a los funcionarios de menor rango y que tuvieron incrementos menores.
Desde Hacienda se había indicado que los cargos de confianza no requerían de concursos, pero que el salario no podía superar el tope fijado en la matriz salarial.
El sindicalista de la Función Pública dijo que los funcionarios afectados todavía no cobraron el sueldo correspondiente a febrero, cuando que antes los pagos se efectuaban el 24 o 25 de cada mes.
Se estima que con esta nueva modalidad de liquidación, recién el martes o el miércoles de la próxima semana empezarían a abonarse, considerando que los criterios se dieron a conocer el último jueves a la tarde.
Costo para el contribuyente
El ministro de Hacienda, Benigno López, había señalado que el costo adicional de los aumentos incluidos en el Congreso para un grupo de 2.123 funcionarios sería de US$ 4 millones, aproximadamente. Esta mayor erogación se financia con los impuestos que paga la ciudadanía y que podrían subir a partir del proyecto de ley que el Ejecutivo pretende presentar este mes al Congreso, para su aprobación. Hoy en el presupuesto se destina para el pago de salarios G. 73 de cada G. 100 recaudados en impuestos.