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Ante el evidente fracaso del sistema penal, que no reeduca a los delincuentes ni ampara a sus víctimas, suele sostenerse la necesidad de agravar las sanciones aplicadas a los mismos, tal como acaba de hacer en un diario local el director de Policía de Asunción, comisario general Silvio Cantero. Cree, por ejemplo, que es “ínfima” la de multa o hasta cinco años de cárcel, prevista para el hecho punible de reducción. La Constitución dice que las penas de cárcel tienen por objeto readaptar a los condenados y proteger a la sociedad, pero los hechos revelan que el índice de reincidencia es muy elevado y que la gente tiene buenos motivos para sentirse insegura. Basta con recordar que hace unas semanas fue detenido en Pedro Juan Caballero un malhechor que en los últimos meses había robado motocicletas y soportaba medidas cautelares, con prohibición de abandonar el país: tenía antecedentes por robo agravado (2013 y 2015), violencia intrafamiliar (2016, 2017 y 2018), exposición al peligro en el tránsito terrestre (2016), reducción y resistencia (2017). En verdad, no pocas veces han sido detenidos delincuentes que tenían diez o quince entradas anteriores en comisarías o en penitenciarías, que vale la pena preguntar si, ante nuevos delitos, tan frondosos antecedentes no son suficientes para que reciban condenas realmente ejemplares.
Es probable que, en algunos casos, convenga endurecer las penas, porque ellas pueden tener un efecto disuasorio, ya que el temor a perder la libertad puede evitar la tentación de delinquir. Ahora bien, para que ello ocurra, es necesario que las leyes sean realmente aplicadas, previa actuación eficaz de la Policía Nacional y del Ministerio Público: si es grande la probabilidad de quedar impune, el mayor rigor de las penas no servirá de mucho. Lo mismo ocurrirá si las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión son otorgadas con suma ligereza y, para peor, sin controlar luego su efectivo cumplimiento, como suele ocurrir en el caso del arresto domiciliario: no hay control policial ni se emplean tobilleras electrónicas.
Claro que tampoco bastará con poner entre rejas a los facinerosos si aprovechan su estadía en las colmadas prisiones para planear nuevos golpes y conformar bandas, según el comisario general Cantero: “Muchos de los que detenemos a diario son reincidentes, preparan sus equipos y, al salir de la cárcel, retoman con todo la vida de la delincuencia”. En verdad, ni siquiera necesitan salir de allí, ya que es sabido que entre sus muros se practican el narcotráfico y la extorsión telefónica, entre otros delitos en los que también participa el personal penitenciario. Como se ha dicho, muchos grandes “capos” de la delincuencia organizada han continuado dirigiendo sus negocios desde las cárceles, donde además viven como reyes. También es de pública notoriedad que estos reclusorios hacen de escuelas, donde los veteranos enseñan a los aprendices el arte de atentar contra la vida, la libertad o los bienes de las personas, físicas o jurídicas. Es más, sirven de centros de reclutamiento de “soldados” para el crimen organizado.
Es poco o nada lo que el sistema penitenciario hace para rehabilitar a los condenados, mediante un tratamiento “pedagógico, espiritual, terapéutico, asistencial y disciplinario”, tal como manda la Ley Nº 210/70. Si a ello se agrega que la misma normativa prescribe que “los egresados y liberados gozarán de asistencia social, moral y material post penitenciaria”, cabe preguntarse si los ministros de Justicia se reirán o llorarán al leer estas impresionantes disposiciones. De paso, aunque más no sea para registrar mejor las normas ignoradas con todo desparpajo, se podría atender que la Carta Magna dice que “la reclusión de las personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena”. Habrá que considerarlo al menos al construir o al ampliar las cárceles: una medida necesaria, no solo porque uno de los argumentos contra la prisión preventiva es que ellas están superpobladas sino también –y sobre todo– porque resulta intolerable que los reclusos estén hacinados.
Uno de los graves problemas de este país es que las leyes suelen ser letra muerta: los legisladores y el común de los ciudadanos parecen darse por satisfechos con que se promulgue una normativa más o menos sensata, como si este solo hecho conllevara automáticamente la solución del problema respectivo. Su ejecución sería lo de menos. También en materia penal se cree que lo que se debe hacer es modificar las disposiciones legales o constitucionales, en el entendido de que la falla estaría necesariamente en ellas y no en las personas que las aplican o deberían aplicarlas.
Sin duda, habrá hechos punibles que merezcan una mayor condena, pero lo prioritario es hacer cumplir las normas vigentes, para lo cual es imprescindible que los agentes del sistema penitenciario, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial se sometan a las leyes, en vez de incursionar –ellos mismos– en el tenebroso mundo del hampa. Mientras entre ellos haya tantos ineptos y corruptos, como hasta hoy, persistirán la delincuencia y la inseguridad consiguiente, aunque nuestra legislación contemple las penas más severas del planeta.