Cargando...
La Junta Departamental (legislatura) de Central salvó, días pasados, de la intervención a la Gobernación administrada por el colorado cartista Hugo Javier González, por un voto de diferencia, el del concejal Mario Aguilera, que había sido elegido por la lista del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El citado gobernador está siendo investigado por las derivaciones de su decisión de usar a unas organizaciones “no gubernamentales” designadas por él mismo para evadir los procesos de compras determinados por la Ley de Contrataciones Públicas.
La excusa de Hugo Javier para este “puenteo” es que la Ley de Contrataciones le impone mucha burocracia y le exige demasiado tiempo para realizar compras que él estima urgentes.
El jefe departamental ya lleva comprometidos en ese mecanismo con fuertes indicios de irregularidades más de veintiún mil millones de guaraníes, y no solamente los seis mil millones que aparecieron en principio. La manipulación de las facturas con las que se pretende respaldar las erogaciones del dinero de los contribuyentes es demasiado grosera, según surge de lo señalado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República.
El Ministerio Público, como lo hace sistemáticamente en todos los casos que involucran a cartistas, se mueve en cámara lenta, si es que no está en el intento de conducirlos al oparei.
La Junta Departamental tiene suficientes elementos de juicio para solicitar, como hicieron muchos de sus miembros, el uso del más importante sistema de control establecido en la Constitución para casos como este: la intervención del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el tratamiento de esta cuestión, por una mayoría por diferencia de un voto lo rechazó en base a un argumento notoria y escandalosamente falso: el de que el artículo 165 de la Constitución exige a la Junta Departamental un dictamen de la Contraloría General de la República.
El artículo 165 dispone: “Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: a solicitud de la Junta Departamental o de la Municipal, por decisión de la mayoría absoluta; por desintegración de la Junta Departamental o de la Municipal, que imposibilite su funcionamiento, y por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”.
Cualquier persona que lea y entienda el idioma castellano puede observar con llana facilidad que el artículo 165 no impone en todos los casos a la Junta Departamental el requerimiento relacionado con la Contraloría, y que el requisito de su dictamen es solo para cuando el Poder Ejecutivo encuentre graves irregularidades en la ejecución del presupuesto o en la administración de bienes de la gobernación.
La mayoría que impidió la intervención se burló del pueblo y pisotea la Constitución al leerla en algún idioma distinto al que ella expresa para inventar barreras que no contienen al control popular.
El voto decisivo que rechaza el control lo dio un miembro de la Junta que forma parte del grupo cartista, Mario Aguilera, aunque fue elegido a través de las listas del PLRA, a cuyos electores estafó al oponerse a un procedimiento que buscaba la transparencia en la gestión pública.
Aunque el tema es la administración irregular del gobernador Hugo Javier, cabe señalar que las personas que estafan a sus electores, como hace Aguilera, no deberían tener cabida en los partidos políticos, y estos deberían filtrar mejor a quienes otorgan lugar en sus listas, tal vez investigando más meticulosamente quién les paga en realidad la campaña electoral.
Se sabe que los legisladores deben actuar conforme a su conciencia, pues no están obligados a mandatos imperativos. Aquí no se trata de que Aguilera vote en contra de González porque es colorado, sino porque estaba en juego la decencia. No se trataba de condenar al gobernador, sino apoyar una intervención para clarificar un mandato con fuerte tufo a corrupción.
Quien no comprenda esto, como el liberal Aguilera, es indigno de ocupar una banca en nombre de los ciudadanos, porque, o es un lacayo que está a sueldo de algún capitoste, o es un ignorante que no entiende la naturaleza de su gestión, o es un corrupto como los que están depredando las arcas públicas. No cabe esperar decencia en quienes retuercen la Constitución para encubrir lo indefendible.