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El presidente del Congreso, Óscar Salomón (ANR), cree que la recién fallecida ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica debería ser sustituida por una persona afiliada al PLRA, por la simple razón de que es el partido que ella integraba. Aunque no quiso usar la expresión “cupos partidarios”, estimó importante atender el carnet de los miembros de la máxima autoridad judicial, sin perjuicio de considerar también la idoneidad de los aspirantes a cubrir la vacancia. En otros términos, habría que respetar la actual composición partidaria de la cúspide del Poder Judicial y, por tanto, el “equilibrio en la representación política”. Son palabras del mismo senador que, en forma repudiable, entiende que los ministros de la Corte son y deben seguir siendo una suerte de comisionados de sus respectivos partidos.
Es muy probable que esta franca opinión sea compartida por la gran mayoría de los senadores y, desde luego, escuchada por los miembros del cuestionado Consejo de la Magistratura, órgano encargado de conformar la terna de candidatos y en el que el carnet partidario también juega un papel relevante. Desde luego, tampoco les pasará por alto a quienes estiman reunir los requisitos exigidos por la Constitución para ocupar el alto cargo, como los de “gozar de notoria honorabilidad” y haber ejercido durante al menos diez años la profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica. Ellos sabrán que el criterio referido, expuesto sin tapujos, se opone al principio de igualdad ante las leyes, en la medida en que favorece a ciertos postulantes y excluye a otros, pero mal podrían impugnarlo desde ya en sede judicial por carecer formalmente de virtualidad jurídica; por tanto, se habrán dado cuenta de que si no estuvieran afiliados a cierto partido, corren el riesgo de que simplemente se priven de responder a la convocatoria del Consejo. Lamentablemente para el país, el “cuoteo” es una nefasta práctica bien conocida y de larga data, resultante de un repugnante “pacto de caballeros” siempre renovado, que afecta no solo a la judicatura y al Ministerio Público.
El 10 de febrero de 2006, la Corte recordó al juez afiliado a un partido que debe pedir “la suspensión de la afiliación mientras permanezca en el cargo judicial”, así como “abstenerse de realizar cualquier actividad político-partidaria”, tal como lo dispone el Código de Ética Judicial, vigente desde el inicio del año. Una norma semejante tiene sin cuidado tanto a los miembros del Consejo como a los senadores que deben escoger a uno de los ternados, si de lo que se trata es de llenar una vacancia en la Corte: lo decisivo es que forme parte de una determinada asociación política, a la hora efectuar la selección. De hecho, seguirá siendo un correligionario o compañero que puede brindar una atención preferencial a los suyos, tanto en las resoluciones judiciales como en la incorporación de funcionarios.
El llamado cuoteo, que no es otra cosa que la repartija del Estado en función del color del pañuelo y el padrinazgo de algún poderoso político, le cuesta muy caro a nuestro país. De los dichos del senador Salomón surge que se mantendría el perverso criterio discriminatorio en la integración de la Corte, obligando así a los miembros del Consejo a recurrir al disimulo ante la ciudadanía, porque su nuevo reglamento de selección prescribe que la terna sea conformada en una sesión pública, mediante votos fundados. Se quiere dar igualdad de oportunidades, según señaló su presidente, Óscar Paciello, admitiendo tácitamente que hasta hoy no existió tal cosa. Es presumible que ningún consejero llegará al extremo de sostener abiertamente la necesidad de preservar el “equilibrio político”. Se espera que a nadie se le ocurra afirmar que también debe mantenerse el “equilibrio en la representación de género” y que, por ende, habría que escoger a una nueva ministra liberal.
El senador Salomón solo expresó en voz alta lo que todo el mundo bien sabe, es decir, que los “cupos” partidarios determinan la composición de la Corte, algo que mucho tiene que ver con la pésima Administración de Justicia. Mientras esa siniestra práctica no desaparezca, la población no estará amparada por el principio de igualdad ante las leyes, tal como no lo están hasta ahora quienes aspiran a integrar el mencionado órgano. De esta manera, nuestros ministros continuarán inclinando la balanza hacia los mandatos de sus padrinos políticos, en desmedro de la “gente común”.