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Si la Municipalidad de Asunción fuera una empresa privada, ya tendría que ir pensando en un concurso de acreedores. El hecho de que se endeude para pagar deudas supone un círculo vicioso infernal e implica una clara señal de insolvencia financiera. A este paso, más temprano que tarde debería declararse en “default” o suspensión de pagos, porque el “bicicleteo” no puede prolongarse por tiempo indefinido. La emisión de bonos a lo largo de los años, supuestamente para invertir en obras, le ha generado un débito acumulado de más de 514.000 millones de guaraníes: para amortizarlo en parte y pagar intereses, se dispone ahora a tomar en préstamo 270.000 millones de guaraníes, de los cuales 205.000 millones se destinarán al pago de intereses y de una parte de los bonos; lo restante servirá para cubrir el “déficit temporal de caja”, esto es, el pago de los aguinaldos, los salarios y las bonificaciones que cobrarán en noviembre y diciembre los más de 8.000 funcionarios, contratados y jornaleros, incluyendo a unos 1.200 que “trabajan” para la superpoblada Junta Municipal. La historia continúa y para peor: hasta el último agosto, el saldo negativo con respecto a diciembre de 2019 se cuadruplicó, llegando a 276.000 millones de guaraníes, debido a aumentos salariales y nuevas contrataciones, entre otros derroches.
En verdad, el gobierno municipal se endeuda para alimentar a las clientelas del intendente y de los concejales, pues el año pasado solo ejecutó el 14,5% de lo presupuestado para inversiones físicas, en tanto que la ejecución de los gastos de personal llegó al 97,23%. Lamentable. Se supone que el dinero tomado en préstamo debe convertirse en obras, así que resulta llamativo que, siendo tan baja la ejecución presupuestaria en esta materia, sea necesario volver a endeudarse con el mismo objeto. Sin duda alguna, la Municipalidad resulta así un barril sin fondo en el que deberían zambullirse las autoridades de control tras la pista de tan cuantiosos recursos dilapidados.
La respuesta podría hallarse en un informe de la Contraloría General de la República, según el cual, bajo la gestión de Mario Ferreiro, la Municipalidad emitió bonos por valor de 94.600 millones de guaraníes, sin planes de inversión, para usar los fondos como garantía prendaria de préstamos a corto plazo con el fin de cubrir “déficits temporales de caja”, o sea, gastos de personal.
Todo esto implica que la clientela política sostenida por los contribuyentes está al servicio de sí mismo y que es tan numerosa que el dinero recaudado no alcanza, de modo que se torna imperioso contraer más deudas. La Ley Orgánica Municipal prohibía a las municipalidades gastar en servicios personales más del 60% de sus ingresos corrientes ejecutados. Este límite, suprimido en 2015, estaría siendo ampliamente superado, según surge del cotejo entre el grado de ejecución en materia de obras y el de ejecución en cuanto a sueldos, bonificaciones y aguinaldos. Se plantea así la cuestión del control interno y externo de la administración financiera: el primero está a cargo de la Auditoría Interna y de la Junta Municipal, en tanto que el segundo compete a la Contraloría. Huelga apuntar que el control interno es de hecho inexistente, como se ha evidenciado en el caso de los sobreprecios que habría abonado Óscar “Nenecho” Rodríguez, y que los ediles no están interesados en reducir las sumas destinadas al clientelismo, que les brindaría pingües beneficios electorales. El control efectuado por el órgano estatal referido, que debe ocuparse de la ejecución presupuestaria, entre otras cosas, resulta esporádico y tardío: por lo general, solo aparece cuando surge un nuevo escándalo.
Sin duda, el enorme endeudamiento tiene que ver con la corruptela y la evasión impositiva, pero también –y en primer lugar– con el exceso de personal. Que Asunción tenga un “servidor” municipal por cada 65 habitantes es tan absurdo como que la Junta Municipal cuente con 50 empleados por cada edil, pero así están las cosas en el atiborrado palacete, por obra y gracia de quienes se han venido sucediendo en el gobierno local. La responsabilidad no es exclusiva de los colorados, ya que las intendencias ejercidas por Carlos Filizzola, Martín Burt y Mario Ferreiro no conllevaron la mínima reducción del vasto plantel presupuestívoro. Claro que se debe atacar la corrupción y la evasión impositiva, pero el saneamiento financiero de la Municipalidad requiere también una política de recursos humanos que apunte a su notoria disminución: no solo habrá que rechazar los pedidos de cargos, tan habituales antes y después de unas elecciones, sino tomar medidas contra la agobiante superpoblación. Pero como esto es impensable para los políticos que manejan la comuna, el futuro de nuestra ciudad capital es sombrío y tiende a empeorar cada día.
Se ignora lo que el intendente electo “Nenecho”, que ya iniciará su gestión con negros antecedentes, tenga previsto al respecto, en el muy improbable caso de que el grave problema le inquiete. El salvataje financiero municipal requiere, aparte de una buena administración, todo un cambio de mentalidad, empezando por la hasta hoy predominante en la Junta Municipal. También es preciso, en fin, que la ciudadanía vigile el desempeño de quienes ejercen cargos electivos, para que los fondos públicos se inviertan en obras y no terminen en los bolsillos de los corruptos o de los superfluos.