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El Consejo de la Magistratura (CM), creado por la Constitución Nacional en 1992, es un órgano extrapoder, es decir no integra uno de los tres poderes del Estado (Judicial, Ejecutivo y Legislativo). Su función institucional es seleccionar candidatos para ocupar cargos en el sistema judicial, lo que incluye ministros de Corte Suprema de Justicia, jueces, defensores públicos, fiscal general del Estado y fiscales. Estas preselecciones se construyen en un formato de ternas que luego son remitidas a la Corte Suprema, que elige jueces, fiscales y defensores. En el caso de ternas de ministros de la Corte, se remiten al Senado, que es el que designa con acuerdo del Presidente de la República. Pero la buena intención de los constituyentes ha sido desvirtuada totalmente por la escandalosa sumisión de los organismos que tienen que ver con la Justicia a la politiquería y los poderes fácticos.
La credibilidad del Consejo de la Magistratura ya estaba por el suelo luego de las últimas ternas que salieron de su seno, como la que llevó al actual presidente de la Corte Suprema, César Diesel, a ese sitio, sin que se le conozca algún aporte relevante en el ámbito jurídico. Antes de eso, ya fue sospechosa la inclusión de la actual fiscala general Sandra Quiñónez en la terna, a pesar de contar con uno de los peores puntajes y que fue catapultada al cargo en marzo de 2018 por el entonces presidente Horacio Cartes, cuya afinidad con él era comentada.
Aunque estos antecedentes no sean directamente atribuibles a los integrantes actuales del CM, el comportamiento de estos es idéntico al de los anteriores. En cuanto al actual titular, Óscar Paciello, en el reciente conflicto entre el director de Aduanas, Julio Fernández, y el senador Martín Arévalo (ANR), este informó que uno de los abogados que fue a interceder en el Senado por una carga en disputa era integrante del estudio jurídico del titular del Consejo, uno de los más importantes del país.
Así las cosa, el denominador común es que el CM no genera credibilidad, lo que no es una simple sensación, como les gusta decir a las autoridades respecto de cualquier crítica. Son los datos existentes como la casi nula participación en el último llamado, apenas dieciocho concursantes, los que indican la incredulidad de la comunidad jurídica. A ello se agrega la confirmación de la injerencia política en la elección de los candidatos realizada nada menos que por el titular del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón. Este no se guardó nada para decir que la vacancia dejada por la exministra Gladys Bareiro de Módica debía ser ocupada por un liberal, dada la filiación política de la fallecida. Es decir, los candidatos ya son seleccionados de antemano según el color del pañuelo.
Estas reacciones totalmente perceptibles y lógicas se apoyan en la observación del manejo político partidario sin rigor técnico que viene teniendo el CM. En el proceso que se desarrolla actualmente, repitiendo su comportamiento oscurantista, los miembros del organismo de selección no dieron a publicidad los criterios que emplearon para asignar puntajes a los participantes. Tuvo que ser el Colegio de Abogados el que solicite documentación para tratar de interpretar de qué manera van construyendo el orden en la lista de postulantes.
Cada uno de los integrantes del Consejo representa a un sector: Corte Suprema, abogados, diputados, senadores, universidades. Pero además de esa calidad, son responsables ante la ciudadanía, como lo son todos los paraguayos que cumplen una función pública. Su gestión siempre está sometida a escrutinio, porque así es como funciona una República, sobre la base de la responsabilidad personal, la transparencia y la rendición de cuentas.
Las sospechas que giraron en torno a la manipulación del órgano en cuestión, donde se advertía que algunos postulantes se sostienen con apoyos de las fuerzas político-partidarias, sin importar sus méritos, se va confirmando. En lugar de discutirse el aporte científico de los candidatos, la apuesta pasa por cuál de los padrinos terminará triunfante. Así, no es de extrañar que la terna conocida ayer para la vacancia en la Corte Suprema de Justicia –Víctor Ríos, Alma Méndez de Buongermini y Gustavo Ocampos– se preste como siempre a todo tipo de suspicacias, ya que el nombre del primero, de filiación liberal, sonó públicamente como el futuro ministro a cambio de que el senador colorado Enrique Bacchetta pase a ocupar un lugar en la Justicia Electoral. Este último admitió que le hicieron tal ofrecimiento pero aseguró que no estaba interesado en ese puesto. Así, estas negociaciones muestran que los cargos judiciales, aun los más altos, constituyen moneda de cambio en los perversos intereses de los actores políticos del momento. El CM debe enviar la terna al Senado, donde de nuevo probablemente será objeto de transadas, para elegir a uno de la lista y remitirlo a la consideración final del Presidente de la República.
Este manejo desastroso es la causa de que Paraguay tenga una de las peores justicias en el mundo, inficionada por la corrupción, la que arranca ya en la misma conformación de la terna de cada cargo en juego.
Si la selección de ministros de la Corte tiene estos ribetes que ponen en evidencia a una institución de fachada manejada como pasapapeles de quienes en verdad deciden, impartiendo órdenes a sus peones, que en este caso son los miembros del Consejo de la Magistratura, puede afirmarse que el Poder Judicial de nuestro país huele a podrido.
Con este escenario, la decadencia de la Justicia paraguaya seguirá aumentando y dañando a los ciudadanos que tienen la desgracia de caer en sus garras.