La población vive en zozobra ante el colapso de la seguridad pública

La seguridad pública en nuestro país está llegando a niveles de deterioro y descomposición difíciles de imaginar. Sin contar las acciones de los motochorros, pirañitas, limpiavidrios, y demás maleantes que han convertido la vida de los “comunes” en poco menos que un infierno, estos últimos días ocurrieron ya algunos hechos que permiten dimensionar la magnitud del colapso, tales como el papelón de la FTC-CODI, el asesinato de cuatro presuntos terroristas, el asalto a fondos jubilatorios en San Antonio y la muerte de un agricultor menonita y dos colaboradores suyos en el departamento de San Pedro. Por su parte, el ministro Arnaldo Giuzzio y el jefe de la Policía Nacional, Luis Arias, no le dan muchas esperanzas a la población.

La situación de la seguridad pública en nuestro país está llegando a niveles de deterioro y descomposición que eran difíciles de imaginar y que solo los pensábamos los paraguayos cuando hablábamos de algunos países en nuestra región y otros fallidos en África.

Sin contar las acciones de los motochorros, pirañitas, limpiavidrios, y demás maleantes que han convertido la vida de los “comunes” en poco menos que un infierno, estos últimos días ocurrieron ya algunos hechos que permiten dimensionar la magnitud del colapso.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), insertada en el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), entidad que junta y mezcla Seguridad y Defensa, Policía y Militares, como si fueran compatibles, encubrió y trató de usar para apuntalar su agonizante “prestigio” el asesinato de cuatro presuntos terroristas por una banda de narcos como si las muertes fueran resultado de su acción contra los criminales.

El papelón estaba adquiriendo dimensiones astronómicas cuando otros dos hechos lo sacaron del foco de la atención pública: el asalto a fondos jubilatorios en la jurisdicción de San Antonio y el asesinato de un agricultor menonita y dos colaboradores suyos de nacionalidad brasileña en el departamento de San Pedro. Este último hecho sangriento está sumido en una sospechosa oscuridad.

No es pertinente aquí desarrollar los detalles de la matanza, sino solo señalar que la Policía Nacional tiene una obligación ordenada desde la Constitución misma, que es prevenir la comisión de hechos punibles y preservar los derechos y la seguridad de las personas y sus bienes. En este caso es lamentable decir que no satisfizo el mandato constitucional.

El agricultor menonita, que en el mes de julio ya había sido sometido a una extraña y violenta extorsión nunca esclarecida por los encargados de la seguridad pública, realizó hace pocos días una feria (capitalización por venta de productos) muy importante y la Policía, que contaba con el antecedente mencionado, no tomó recaudo alguno y, en el desarrollo de la tragedia, tardó horas en actuar de acuerdo a la ley.

En San Antonio, el comisario actuó de modo similar al de sus colegas de San Pedro, desatendiendo un cuadro que exigía protocolo de atención.

La diferencia entre San Pedro y San Antonio es que el comisario de esta última ciudad impartió una orden que expone de manera indubitable su presunta plena responsabilidad en el asalto por el que se robaron fondos jubilatorios: con excusas infantiles ordenó degradar la vigilancia de los fondos en el momento mismo en que lo requerían quienes ejecutaron el robo.

Por lo demás, el incumplimiento de obligaciones por parte de la Policía Nacional es semejante en todo y señala un modus operandi absolutamente intolerable, completamente inaceptable, groseramente ilegítimo, abiertamente inconstitucional.

Una Policía que permite asaltos puede realizar encubrimientos como el que terminó de sepultar el escaso prestigio que le quedaba a la FTC, pues, si así actúa, es porque perdió ya cualquier referencia moral en su accionar. Una Policía que permite asaltos no es la solución a la inseguridad, es la causa de la inseguridad.

Y aquí es donde entra la responsabilidad del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien, como se ha señalado desde aquí hasta el hartazgo, es el jefe constitucional de la Policía Nacional.

Durante el gobierno de Horacio Cartes, el ministro del Interior ha sido despojado inconstitucionalmente del control del presupuesto de la Policía Nacional. Esto ha sometido a la institución encargada de la seguridad interna al control de poderes fácticos mafiosos en lugar de estar sometida de hecho y de derecho al control político que ordena la Constitución. Los resultados están a la vista.

La gente ya no puede transitar tranquila por las calles porque los asaltos están a la orden del día; las familias –las que pueden– convierten sus viviendas en verdaderos búnker rodeados de alambres de púas y sistemas de alarmas, mientras los negocios de los barrios despachan a través de pequeñas aberturas en puertas y ventanas enrejadas, por el temor a los asaltos. En las esquinas con semáforos, un enjambre de limpiavidrios someten a los automovilistas a extorsión casi obligándoles a darles dinero, aun cuando sus vehículos no necesitan limpieza. Esa es la realidad que vivimos.

Mientras tanto, el ministro Giuzzio y el jefe de la Policía Nacional, comisario general Luis Arias, no le dan muchas esperanzas a la población. El primero esgrime que faltan más fondos, que la cuestión social y las drogas vuelven más violentos a los “del bajo” que suben a atacar a los que transitan por las calles céntricas o que quieren disfrutar de algún restaurante de nuestra capital. Por su parte, el interior del país ya se ha vuelto tierra de nadie, o mejor, de los delincuentes. Pese a todo, ambos funcionarios siguen disfrutando del respaldo del presidente Mario Abdo Benítez.

De esta forma, después de sufrir un largo vía crucis por la pandemia, y ahora que se han aflojado las restricciones y la población puede disfrutar de mayor libertad, debe prepararse a pasar un fin de año con el Jesús en la boca, si es que las fuerzas de seguridad no abandonan esa virtual actitud de brazos caídos o de presunta complicidad con los delincuentes.

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