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Hasta ahora, el fallido proyecto del metrobús –uno de los casos de corrupción más escandalosos de las últimas décadas– le ha costado al erario 30 millones de dólares, suma a la que la empresa portuguesa Mota-Engil pretende agregar una indemnización de 35 millones de dólares, que reclama con todo descaro ante una instancia arbitral, que resolvería en breve. Al ingente perjuicio sufrido por el Estado, con la complicidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se agrega el que peatones, conductores y frentistas fernandinos de la ruta Mariscal Estigarribia siguen soportando cinco años después de que los chapuceros trabajos fueran suspendidos, habiéndose ejecutado solo el 30% del contrato, rescindido hace tres años por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Pasa el tiempo, pero las veredas hundidas, la cloaca al aire libre y la falta de desagües, entre otras miserias, permanecen allí como testimonios del tremendo fiasco, sin que nadie repare los severos daños causados a la infraestructura vial y a los comerciantes, muchos de los cuales tuvieron que cerrar sus puertas.
El proyecto se gestionó bajo el Gobierno de Fernando Lugo, cuando el Congreso aprobó un empréstito de 144 millones de dólares, de los cuales 121 millones iban a ser destinados a lo que terminó siendo una descomunal estafa. Vale recordar que, ya por entonces, un editorial de nuestro diario había instado a que el proyecto, que debía concluirse en el plazo de 18 meses, sea corregido para evitar que “termine siendo otra estafa encubierta, en perjuicio del Estado y de la ciudadanía.” Resultaba evidente que, así como estaba concebido, era inviable, además de haberse elegido el gasoíl como combustible en vez de la electricidad que el Paraguay disponía y dispone y necesita consumir. En este último caso, hasta puede considerarse la iniciativa como antipatriótica. En especial, llamó también la atención el enorme costo que conllevaría indemnizar a los dueños de los inmuebles a ser expropiados y responder a los reclamos judiciales por lucro cesante de los comerciantes afectados por las construcciones, algo que no ha ocurrido porque los afectados carecían de los fondos para cubrir los gastos judiciales, según revelaron.
La obra fue adjudicada a Mota-Engil en 2016, durante el Gobierno de Horacio Cartes, estando al frente del MOPC el Ing. Ramón Jiménez Gaona; los trabajos se iniciaron el siguiente año sin haberse liberado la franja de dominio, y pese a que tanto la prensa como varios técnicos ya habían advertido que la obra iba directo al fracaso. Se le dio punto final en el Gobierno de Mario Abdo Benítez, bajo la gestión ministerial de Arnoldo Wiens. En otras palabras, se sucedieron tres Gobiernos bajo los cuales se realizaron actos preparatorios y ejecutivos que afectaron gravemente el patrimonio público y el privado, sin que hasta hoy nadie haya sido responsabilizado en lo penal y en lo civil.
Al respecto, una Comisión Bicameral de Investigación refirió en 2020 serias irregularidades en la implementación del proyecto, como la falta de un plan de gestión ambiental con información básica sobre los probables afectados y los previsibles perjuicios colaterales. En agosto de 2020, el Senado remitió al Ministerio Público el extenso informe final; el mismo mes, la Contraloría General de la República formuló 88 observaciones, entre ellas la de que se pagaron 29 millones de dólares por obras que ignoraban las especificaciones técnicas y la de que, hasta octubre de 2019, la población no recibió unos 85 millones de dólares como beneficios de la obra, monto al que cabe añadir el de las ganancias no obtenidas por los comerciantes, desde el inicio de los trabajos hasta el reinicio del tráfico vehicular.
Ya el 28 de mayo de 2018, el mismo día en que los frentistas intentaron pedir al BID que “paren esta obra”, sin ser recibidos, el Ing. Hermann Pankow formuló una denuncia penal por el delito de lesión de confianza, entre otras cosas, contra el entonces representante del BID, Eduardo Almeida, y ciertas autoridades del MOPC, como Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez (viceministra de Finanzas), Esteban Sarubbi (jefe de Gabinete) y Guillermo Alcaraz (gerente del proyecto). La consiguiente pesquisa abierta por el Ministerio Público, a cargo de María Estefanía González desde el último septiembre, sigue sin resultados y se corre el riesgo de que la prescripción extinga la sanción penal el próximo 28 de mayo. Para que ello no ocurra, la agente fiscal anunció que citará a los inculpados para indagarlos, lo que interrumpiría la prescripción. Por de pronto, estaría pidiendo informes para los peritos.
Que el Ministerio Público, dirigido por Sandra Quiñónez, necesite casi cinco años para realizar estas actuaciones induce a presumir que no tiene mucho interés en avanzar en el estudio de este indignante asunto, ya denunciado penalmente por organizaciones civiles el 28 de septiembre de 2012, durante los primeros estudios del proyecto, siendo fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, si bien dirigido contra personas innominadas, pero que ya entonces advertía de soborno en el tratamiento parlamentario del empréstito. En suma, el malhadado proyecto estuvo signado por la corruptela, incluso desde antes de su financiación, pero los presuntos involucrados siguen impunes. Es de esperar que el próximo jefe del Ministerio Público, Emiliano Rolón, le dé la importancia que merece a este nauseabundo y perjudicial asunto, un fraude colosal al pueblo paraguayo.