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Nuestras ciudades se caen a pedazos por la inoperancia y corrupción en sus gobiernos comunales. Una madre y su joven hija fallecieron ayer en Luque, luego de que el automóvil en que viajaban fuera arrastrado hasta un arroyo por un caudaloso raudal causado por las lluvias; tres ocupantes –agentes policiales– tuvieron la suerte de salvar la vida al sostenerse de la rama de un árbol. El funesto accidente, que el presidente formal de la República, Santiago Peña, tuvo la necedad de atribuir solo a “la inclemencia del tiempo”, fue muy similar al ocurrido en Lambaré el último noviembre, teniendo como víctimas mortales a dos efectivos militares. En verdad, parece increíble, que en dos importantes ciudades del Área Metropolitana de Asunción hayan ocurrido muertes tan atroces, porque las respectivas municipalidades, encabezadas hoy la una por Carlos Echeverría (ANR, cartista) y la otra por Guido González (ANR, cartista), no han construido desagües pluviales a lo largo de los años, en una región donde las lluvias copiosas distan de ser raras; ni siquiera han tomado la precaución de instalar al menos vallas de seguridad a la vera de las zonas de violentas corrientes de agua, para impedir que los vehículos se hundan en ellas.
Desde luego, no son ellas las únicas ciudades del Departamento Central que carecen de dichas instalaciones. Es más: según el concejal Álvaro Grau (PPQ), solo el 23% de la capital del país cuenta con una red de desagües, lo que plantea la pregunta de qué se hizo del dinero aportado por sus contribuyentes desde hace décadas para construir y mantener un sistema de desagüe pluvial, tal como lo manda la Ley Orgánica Municipal. En efecto, se trata de una función municipal desde hace ya quince años, pero resulta que aún se debe lamentar que la culposa negligencia municipal provoque desgracias como las referidas. De hecho, incluso los peatones están expuestos al peligro de perder la vida como consecuencia de un raudal, esto es, como resultado, en última instancia, de la corrupción y la ineficiencia de las municipalidades, también reflejadas en el grave deterioro de las calles, en la irregular recolección de basuras, en las plazas abandonadas o en la polución sonora admitida.
La mayoría de las intendencias de Central que descuellan por su mala gestión está en manos de colorado-cartistas, que tienen buenas razones para confiar en que sus desmanejos quedarán impunes; desde ya, sus administraciones no serán intervenidas por decisión de la Cámara de Diputados, así que creen poder hacer o dejar de hacer lo que se les antoje. Tampoco la Municipalidad de Asunción se queda atrás en cuanto al despliegue de ineptitud y de corruptelas varias: al contrario, ocuparía uno de los primeros lugares en el ranking de los peores gobiernos locales del país, como se desprende de que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) haya ejecutado en 2023 solo el 13,79% de los casi 853.000 millones de guaraníes previstos para la inversión física, sobre todo en lo que atañe a construcciones.
El dato revela que el Presupuesto es una pura ficción y a la vez explica por qué abundan las obras aún inconclusas, entre ellas –justamente– el desagüe pluvial en la avenida Molas López: las obras iniciadas en 2021 debieron concluir un año más tarde, lo que no aconteció debido a la pésima planificación: el proyecto tuvo que ser modificado durante su ejecución, con las demoras y los mayores gastos consiguientes. El año pasado, la Municipalidad capitalina destinó el 84,9% de los ingresos tributarios de más de 855.600 millones de guaraníes a los “servicios personales” para un plantel de casi nueve mil funcionarios, contratados y jornaleros, que en un gran porcentaje no tiene absolutamente nada que hacer, salvo actuar de “operadores políticos” para los politicastros, cuando lo exija el calendario electoral.
Lo que ocurre en Asunción se repite en gran parte de los gobiernos locales del departamento Central, es decir, los gastos de personal consumen la mayor parte de los recursos, de modo que poco resta para los gastos de capital en beneficio de la población: la infraestructura de la ciudad pesa mucho menos que el voraz clientelismo, a la hora de fijar prioridades. En la práctica, las municipalidades están, en primer lugar, al servicio de los enchufados en el Presupuesto, no precisamente porque sean necesarios y hayan demostrado antes su idoneidad: son verdaderos botines de los que mandan, aunque los vecinos sufran penurias que hasta pueden costarles la vida. Nunca está de más insistir en la necesidad de que ellos controlen de cerca a los intendentes y a los concejales, quienes no recibieron de las urnas una carta blanca para actuar como les dé la gana, sino conforme a la ley y a las necesidades locales: no es mucho pedir.