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El tribunal pidió al juez Sebastián Casanello, a cargo de la investigación conocida como “ruta del dinero K”, que convoque a la exmandataria para que le “sean impuestos los cargos por los que se encuentra imputada hace tiempo por la fiscalía y las querellas”.
Por esta causa hay una veintena de personas procesadas, entre ellos, los financieros Leonardo Fariña y Federico Elaskar y el detenido empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003- 2007) y de Fernández en la sureña provincia de Santa Cruz.
Todos ellos están acusados de lavado de activos al haber montado entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.