En el caso de que eso no se produzca, igualmente, es significativo y contundente que se esté hablando, a esta altura, de la posibilidad concreta de descabezar el Poder Ejecutivo.
La pregunta es cómo llegamos a esta situación.
Evidentemente, tiene que ver con la debilidad de este Gobierno en particular, pero además, con la fragilidad de nuestro sistema democrático.
Hasta ahora, de los siete que pasaron por el sillón presidencial, desde la vigencia de Constitución de 1992, Abdo Benítez será el cuarto mandatario que pasaría a ser sometido a juicio político: Raúl Cubas Grau (1998-1999) renunció cuando era inminente su destitución, Luis González Macchi (1999-2003) se salvó a duras penas y Fernando Lugo (2008-2012) fue echado cuando le faltaba poco más de un año para cumplir su mandato.
La continuidad de Abdo Benítez se hizo insostenible, en términos políticos, tras el escándalo de las negociaciones por la venta de energía de Itaipú, que dejó al descubierto una trama de traiciones e intereses personales por encima de los intereses nacionales, que destruyó la imagen del Poder Ejecutivo
La gravedad de las revelaciones que salieron a la luz con el correr de las horas sobre los manejos turbios que involucran al vicepresidente de la República Hugo Velázquez dañó la imagen del Presidente, que quedó expuesto como alguien susceptible de ser engañado fácilmente y sin ningún control sobre personas que él mismo nombró.
Cargar con la sospecha de estar cometiendo traición a la Patria es una etiqueta muy pesada para cualquier Gobierno.
La oposición, pese a sus diferencias, coincide en que Velázquez y Abdo Benítez deben irse porque esta administración, aunque tenga la legalidad de los votos, perdió legitimidad y es inviable.
Lo que ocurrirá puede también tomarse como la tormenta perfecta que se desató sobre el Ejecutivo, débil, acusado de traición, con una oposición abroquelada para la ocasión y con el cartismo que encuentra, sorpresivamente, la oportunidad de cobrarse todas las cuentas juntas a Abdo Benítez y sus aliados.
La posible destitución del Presidente y del Vicepresidente, que deja una doble acefalía en el Poder Ejecutivo, dejará el sillón presidencial a Blas Llano (PLRA), presidente de la Cámara de Senadores.
La postura de la oposición que apoya el juicio es que él debe permanecer en el cargo por un máximo de 90 días y debe convocarse a elecciones a vicepresidente, como estipula el artículo 234 de la Constitución, para que este asuma la presidencia.
Desconocemos en este momento si este esquema es una simple expresión de deseos de los partidos de oposición o si ya es producto de un acuerdo político previo.
El antecedente de la doble acefalía que se produjo en 1999, con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau derivó en una “certeza constitucional” (inexistente en nuestro ordenamiento jurídico) de la Corte Suprema de Justicia que dejó el poder en manos del presidente del Senado Luis Angel González Macchi de 1999 hasta el fin del periodo, en 2003. Lo mismo puede ocurrir, por qué no, con Blas Llano.
Lo cierto es que el Paraguay ingresa en una nueva espiral de imprevisibilidad política a las que casi ya nos acostumbramos. Su repetición puede conducirnos, a mediano o largo plazo, a un callejón sin salida y, tal vez, hasta podemos desembocar en una democracia fallida, si es que ya no lo somos.
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