Corporativamente, así como vinieron actuando a lo largo de estos años, negociaron y se abroquelaron para evitar que siquiera se plantee la posibilidad de una intervención municipal.
Algo hediondo se estaba destapando. No es posible llegar a otra conclusión al ver cómo un intendente se vio obligado a renunciar, a menos de 24 horas de un allanamiento de la fiscalía que derivó en la imputación de seis miembros de su entorno.
Algo definitivamente muy espeso, como para que un concejal que dice aspirar a cargos más relevantes en el futuro, decida traicionar a todo su movimiento y pactar desoyendo la recomendación de su partido, a pocos meses de unas internas municipales.
Son 14 los que se pusieron de acuerdo para designar rápidamente a un intendente que complete en un año este periodo de administración municipal.
Son colorados, liberales y de partidos más pequeños, porque en este como en tantos otros casos, los colores son lo de menos.
Los concejales que pactaron son los colorados Óscar Rodríguez, quien también votó por sí mismo, José Alvarenga, Antonio Gaona, Mariano Cáceres, Fabiana Benegas, René Calonga y Karen Forcado; los liberales Humberto Blasco, Félix Ayala, Víctor Ortiz, y, cuándo no, Augusto Wagner; Ricardo Martínez e Ireneo Román del Partido de la Juventud, y Elena Alfonsi de Apuril del Partido Hagamos.
Para evitar quedar pegados a este pacto con tufo a impunidad, el presidente colorado Pedro Alliana se vio obligado a salir a aclarar públicamente que el concejal colorado Óscar Rodríguez fue electo intendente “apoyado por ediles que defienden la bochornosa gestión del exintendente Mario Ferreiro”, y que por este pacto fue expulsado de su movimiento, Honor Colorado.
“Esperamos que esto no se transforme en un acuerdo con bases en la impunidad, y que se llegue hasta el último responsable de este vergonzoso acto de corrupción dentro de la Municipalidad”, decía Alliana ayer de mañana, exponiendo aún más a quienes pactaron desafiando la directiva de que los colorados actúen unidos.
¿Qué poderosas razones llevan a intentar evitar una auditoría que podría arrojar claridad sobre los manejos administrativos municipales, como la que se produjo en Ciudad del Este?
La falta de transparencia solo genera más sospechas y preguntas, como por ejemplo saber por qué hubo tanta obstinación en ignorar el dictamen de la Contraloría General de la República que aconsejaba suspender la tercerización del cobro de tributos municipales por parte de un consorcio privado.
Algo que, según el denunciante que precipitó la caída de la administración municipal, fue mencionado por el intendente durante una conversación como uno de los negocios que, junto al alcantarillado sanitario saldrían para poder saldar las deudas asumidas por los gastos en los que incurrió el equipo político durante la campaña.
El jueves, Camilo Soares relataba en la 730AM que durante una reunión que mantuvo con Mario Ferreiro reclamándole el pago de lo que le debían por lo que aportó durante la campaña, éste le dijo: “tené paciencia, porque ahora están saliendo algunos negocios, el tema del alcantarillado sanitario, de la gestión tributaria.”
Desde los acusados por Soares, hasta ahora solo hemos escuchado descalificaciones hacia los antecedentes de su exaliado, pero no se responde sobre la cuestión de fondo. ¿Hubo o no un equipo paralelo, cercano al intendente, que bajo el nombre de “Asado de fin de semana” se encargaba de cobrar en paralelo por hacer licitaciones a la medida del cliente, arreglar la situación tributaria de los contribuyentes municipales y facilitar el pago a los proveedores?
Hacemos nuestras las palabras, del exsenador Adolfo Ferreiro, devenido en factótum de la intendencia, cuando el 19 de junio de 2013 escribía en su cuenta en Twitter que “el Ministerio Público debe iniciar una investigación sobre la banda de delincuentes de la Municipalidad de Asunción. Actúa uniformada.”