Los que ponen la plata

Nada es tan ejemplificador en estos días sobre la necesidad de transparentar la financiación de las campañas políticas, como el enfrentamiento entre los excompañeros políticos Rocío Casco y Camilo Soares.

La disputa entre ambos permitió sacar los trapos sucios al sol para exhibirnos por qué es fundamental conocer con precisión cómo y quiénes financian las campañas de los candidatos que le piden a la gente su voto para ocupar un cargo de decisión política.

Y tuvo que existir una pelea interna para que todas las acusaciones vieran la luz y no siguiesen escondidas como basura bajo la alfombra.

La exdiputada Rocío Casco tuvo que ser formalmente denunciada por Soares para contraatacar y exponer la forma en la que se financió parte de las campañas para la elección presidencial de 2013 y municipal de 2015.

Según su acusación, Soares conseguía dinero del cartismo para financiar la actividad proselitista primero del Partido Movimiento al Socialismo (P-MAS) y luego de Avanza País.

Pero además Casco acusa de usura a Soares y de haber simulado los aportes de terceros, cuando que en realidad era él el acreedor real de sus compañeros al manejar el dinero obtenido del expresidente Horacio Cartes y su entorno.

Y Camilo Soares tuvo que verse expuesto y denunciado por sus excompañeros para revelar que el exintendente Mario Ferreiro pidió cobrar 150 mil dólares por su candidatura a la intendencia además de los 400 mil que había pedido para candidatarse a la presidencia.

Y que luego según sus palabras el mismo Ferreiro le mencionó que irían saliendo negocios que permitirían saldar una deuda con él, como la tercerización en la gestión tributaria o el control del estacionamiento tarifado en Asunción.

Luego de este embarre mutuo, derivado exclusivamente de una pelea interna, ¿alguien duda aún de que se debe controlar exhaustivamente la financiación de las campañas, incluyendo las internas?

Fue también muy gráfica esta semana la entrevista al empresario inmobiliario Belarmino Fernández en la 730 AM.

El hombre de negocios, quien aportó a esa campaña, describió perfectamente la forma en la que aportó el dinero y la lógica con la que actúa parte del empresariado que financia las campañas electorales.

“- Presté plata contra su partido, algunos pagarés me dieron... hasta ahora no cobré, dicho sea de paso ni de ese partido ni de otros que también financié un poquito más...

- Puso los huevos en varias canastas como se suele decir entonces

- Efectivamente, decía un amigo mío, un socio que tuve en Madrid decía algo anecdótico que refleja muy bien la situación, dice: Mirá, yo doy 100 mil euros al PP... y 100 mil al PSOE, y el día de las elecciones miro el partido...”.

La fiscalía debería abrir de oficio una investigación sobre el origen del dinero de estas campañas con base en los elementos que fueron expuestos públicamente.

Hasta aquí el supuesto control que ejerce el Estado solo es una cáscara similar a la rendición de cuentas del Fonacide en la que no se hace un análisis exhaustivo de los gastos declarados.

Hasta ahora son balances que se presentan sin que exista un análisis a fondo sobre el origen y correspondencia del dinero declarado.

Y si no se amplía la ley y se ejerce un riguroso control durante la campaña, identificando claramente de dónde sale el dinero para financiar las campañas proselitistas, la nueva modificación en el sistema de elección con el voto preferencial solo terminará legitimando la elección de corsarios de la política y de candidatos hipotecados que deberán devolver favores una vez que lleguen a los cargos con el voto de la gente.

guille@abc.com.py

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