El ataque al contrabando de cigarrillos paraguayos con destino al Brasil, en nuestro territorio, desalienta el negocio que ya venía a menos. Con la primera incursión de Emilio Fúster y su equipo anticontrabando en Salto del Guairá, en diciembre de 2018, empezó a caer drásticamente el negocio. Antes de eso, incluso por el puerto oficial de la ciudad era posible ver contrabandistas en acción.
Con el decomiso de 40 millones de cajetillas de cigarrillos en “Puerto Cero” de Guadalupe, y toda su logística, ahora, el contrabando de cigarrillos estaría-dependiendo de cómo termina ésta intervención-entrando a terapia.
Lo que debe exigir ahora el gobierno paraguayo, a su par de Brasil, es reciprocidad. Jair Bolsonaro debe devolver el favor a su amigo “Marito” Abdo Benítez, ordenando que no solo se persiga productos contrabandeados desde nuestro territorio al otro lado del río, sino además lo que vienen hacia el Paraguay en las mismas condiciones.
Si bien no se tiene una base de datos o estudios que demuestren quién mete más contrabando al territorio de su vecino, sí está bien documentado y se nota a lo largo y ancho de nuestro país la pobreza que provoca el ingreso ilegal de mercaderías desde el Brasil y la Argentina.
Desde Brasil entran toneladas de azúcar, carne, frutas y verduras, cemento, autopartes, ropas, autos, tractores, camiones, ómnibus, semillas, fertilizantes, silos, elementos industrializados, etcétera, en gran parte sin pasar por Aduana Paraguaya.
Si no se combate conjuntamente el contrabando de importación y exportación, con la misma fuerza, se puede entender que a ambos gobiernos no les interesa una verdadera formalización y la suerte de sus pobladores, sino una persecución direccionada para destruir a un político enemigo cuya fuerza descansa en el cigarrillo.
Paraguay necesita de cada centavo de los impuestos y tasas aduaneras que produce especialmente la importación, y todo el país se beneficiaría si nuestra economía deja de ser informal, con el contrabando azotando y desalentando cualquier iniciativa de producción nacional, ya sea en el campo o en las ciudades.
No será una tarea sencilla, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad del Paraguay depende directa o indirectamente de los negocios en negro, originado en gran parte en el ingreso y egreso de mercaderías de contrabando.
Es por eso que cualquier intento de combatir los negocios fronterizos provocan airadas reacciones, ya sea en Puerto Falcón, Puente de la Amistad o Salto del Guairá. La costumbre de estar en lo ilícito le hace pensar al paraguayo que son víctimas de un gobierno insensible cuando se les decomisa sus mercaderías al tratar de introducir al país o sacar en violación de los requisitos esenciales exigidos por las leyes que regulan o prohiben su importación o exportación, según reza el Código Aduanero (art. 336).
Eso sí, al mismo tiempo de atacar las actividades ilícitas acostumbras en un determinado punto del territorio, el Gobierno tiene la obligación de promover alternativas laborales para que ese segmento de la población que será afectado por la intervención gubernamental, tenga la posibilidad de migrar a un oficio que les garantice un ingreso básico y pan a sus familias. De no ser así, se puede estar fomentando el paso de ser contrabandistas a ser ladrones y asaltantes.
Por eso es importante que todos los gobiernos de la zona -especialmente paraguayo y brasileño- se pongan de acuerdo y el combate al contrabando sea parejo, equitativo y bien planificado, donde un gobierno chico no solo reciba órdenes de qué hacer, sino que tenga apoyo real y efectivo para que no siga siendo el cáncer de su vecino, introduciéndole por todos los costados drogas, armas y cigarrillos.