De hecho un Mandatario debe concurrir el 1 de julio de cada año –fecha del inicio de cada periodo anual de sesiones– al edificio del Palacio Legislativo para dar cuenta al Congreso de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro (Art. 238, punto 8. de la Constitución Nacional). Pero en este caso no se le pueden hacer preguntas.
Independientemente de una discusión constitucional, es correcta la decisión de la Cámara Alta de invitar/convocar, o como se quiera denominar, a un jefe de Estado para que en este momento de pandemia explique a los representantes del pueblo y de paso a la población en general en qué se está gastando el dinero de los contribuyentes que obligatoriamente deben quedarse en “refugios” domiciliarios porque el Gobierno le impide desarrollar su actividad normal por el peligro del contagio.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, informó el viernes pasado que de los US$ 1.600 millones previstos y autorizados por el Congreso para enfrentar el covid-19, se ejecutaron US$ 925 millones. Y de este monto, solo el 10% fue a parar a la Salud Pública. Aquí cabe la siguiente pregunta: ¿El 90% de los desembolsados dónde fue a parar? A asistencia y sueldos de funcionarios públicos, varios de ellos “ahijados” de políticos que ingresaron a instituciones públicas. En consecuencia, la deuda del Estado ascendió a US$ 10.780 millones, con lo cual trepó al récord histórico del 30% del Producto Interno Bruto (PIB).
Desde el 11 de marzo pasado estamos luchando contra una pandemia sanitaria y también económica, que dejará sus secuelas muy fuertes en nuestra sociedad. Nadie puede cuantificar aún el daño terrible del covid-19 en Paraguay y el mundo, aunque sí hay pronósticos o dibujos de un futuro cercano, que no son nada alentadores.
Está bien lo que hizo Hacienda el viernes pasado, de distribuir un balance de cómo se gastó la plata autorizada por el Congreso pero los cuestionamientos no se circunscriben exclusivamente a los números sino a las personas que permiten y/o llevan los billetes de la gente a sus bolsillos y dejan sin vacunas a la población necesitada.
El peligroso relajamiento social que se está viviendo en estos días tiene varios condimentos: la necesidad de la gente de mantener a sus familias y pagar las cuentas, la desobediencia o el menosprecio a la pandemia y más que nada la rabia de la población porque el esfuerzo extremo de las familias no tienen una recompensa justa por parte del Estado. No es posible que nadie esté preso todavía por las irregularidades detectadas en la compra de insumos sanitarios. En un momento histórico como este cualquier desprolijidad es similar a un “crimen de guerra”.
Lamentablemente la Fiscalía General del Estado demuestra que no tiene mucho apuro para estas cosas también y lo peor del caso es que el Congreso no le puede ni enviar ninguna esquelita siquiera porque gracias a una acción de inconstitucionalidad rechazan todo tipo de pedidos de informes.
Por de pronto, el presidente Mario Abdo invitó para el miércoles, a las 07:00, en Palacio de López, a los miembros de la mesa directiva del Senado para discutir sobre la plata para el covid-19. Pero no es igual porque ese encuentro no lo podrá ver ni escuchar la ciudadanía.